La organización criminal Taganskaya nunca ha tenido ningún reparo en utilizar la violencia para conseguir sus objetivos. Aunque sus integrantes no aparentan ser personas violentas, sino hombres de negocios, los investigadores implican a esta organización en varios asesinatos. Sin embargo, la principal actividad de esta organización es apoderarse del control de las empresas a través de un sistema denominado raids. La mafia estrangula a estas sociedades hasta que logra hacerse con el poder. Una vez con el control se trata de ir descapitalizando la empresa, otorgando préstamos que nunca se devuelven a los integrantes de la organización. Estas operaciones llevan a la quiebra a las empresas. Consta en el escrito de acusación de la fiscalía, que hace un completo análisis de este grupo criminal y de las actividades ilegales que Taganskaya ha realizado en Rusia, que la organización consiguió el control de la principal destilería del país y de unos grandes almacenes. Romanov estuvo en prisión por su gestión al frente de la destilería Kristal, donde Alexander Romanov entró en las oficinas con la ayuda de un grupo armado.

Al tratarse Romanov de un experto economista experto en blanqueo de dinero, la organización lo envió a España para que invirtiera las ganancias. Y el mafioso ruso lo hizo gestionando el dinero en intereses turísticos en Mallorca, al ser uno de los negocios más rentables. Compró un hotel, pero su proyecto era comprar algunos más, incluso un restaurante del Paseo Marítimo, operaciones que no se pudieron hacer por la intervención de la Guardia Civil.

Romanov sostiene que él es inocente. Y lo mismo ha defendido su mujer, que inició hace unos meses una campaña a través de internet para pedir la libertad de su marido. Una campaña que ha incluido graves críticas contra la juez Carmen González, que ha dirigido esta investigación. La juez entendía que si Romanov salía de la cárcel, sus contactos en Rusia le habrían ayudado a salir del país, por lo que jamás habría sido juzgado en España. Natalia Vinogradova asegura que el dinero que envió de Rusia a España para invertirlo en la compra del hotel era suyo y de su familia. Sin embargo, la fiscalía cree todo lo contrario. Que ella es también una colaboradora de esta organización criminal, que ayuda a su marido en estos negocios y que no tiene ningún reparo en utilizar a su padre para que actúe de testaferro.

La mujer está ahora en libertad, pero cada día se presenta ante la Guardia Civil para evitar que huya. El juez ha decidido que sea juzgada. Compartirá el banquillo junto a sus padres, que residen con ella en la casa de Peguera.