El juez Castro está investigando si una agencia inmobiliaria pirata, cuya sede era la trastienda de un popular bar de Son Gotleu (Palma), se dedicó a cometer estafas con la venta de pisos destartalados e inflados de precio a inmigrantes que no tenían ingresos para devolver los préstamos hipotecarios. Una de las víctimas es una limpiadora africana, divorciada y madre de tres hijos menores, que pagó casi 130.000 euros por una vivienda medio destruida y que apenas valía 25.000 euros.
Las pesquisas se derivan de una querella interpuesta por el letrado Juan José Cano de Alarcón en nombre de la africana, que recientemente ha obtenido la nacionalidad española.
El principal sospechoso es el dueño de un bar de Son Gotleu que, durante años, ha compaginado la hostelería con la intermediación inmobiliaria, sin estar legalmente capacitado para esas actividades. El acusado se movía como pez en el agua en Son Gotleu, donde repartía tarjetas y ofrecía asesoramiento en compraventa de inmuebles. La víctima, clienta del bar desde hacía años, fue captada en 2008 con el engaño de que podía tener un piso en propiedad pagando la misma cantidad destinada al alquiler de la habitación donde vivía con sus tres hijos: 200 euros al mes. La crisis económica ya había estallado un año antes.
Los estafadores sabían perfectamente que la compradora era una limpiadora que apenas recibía ingresos de los pocos contratos por días que le hacían. Pese a esa situación el agente inmobiliario "pirata" contactó con el director de una sucursal bancaria del barrio que se avino a prestar dinero a la africana para comprar la casa.
El piso era propiedad de una empresa madrileña sin sede en Palma y especializada en negocios inmobiliarios de alto riesgo. Esa compañía se había adjudicado la casa en una subasta judicial, ya que el anterior comprador tampoco había podido pagar las cuotas de la hipoteca.
La querella no descarta que empresa vendedora, intermediario pirata y alguien de la sucursal bancaria estuvieran concertados para repartirse los 130.000 euros de la hipoteca. Respecto a la oficina se apunta a que pudo dar luz verde al préstamo para aumentar su cupo de operaciones. El apoderado del banco figura entre los querellados.
La agencia ilegal ni tan siquiera enseñó el piso a la futura compradora, a la que ocultó que las cuotas mensuales de la hipoteca ascendían a 868 euros, una suma imposible de pagar para la limpiadora.
Sin puertas ni cristales
La vivienda carecía de puertas, y cristales y no tenía los contadores de energía o agua. Su valor catastral era de 15.000 euros y su precio de mercado, dada la zona donde está ubicada y el deterioro general de la finca y particular del inmueble era de 25.000 euros.
Pese a esas realidades, el banco tasó la casa a efectos de ejecución hipotecaria en nada menos que 254.280 euros.
Como era inevitable la inmigrante no pudo apenas pagar ni una mensualidad del préstamo. La entidad financiera ejecutó judicialmente la hipoteca, con intención de echar de la casa a la madre y sus tres hijos.
El desahucio ha podido pararse en espera de que la justicia penal aclare lo ocurrido. La querella destaca que la víctima apenas tiene estudios y desconoce el mundo inmobiliario. Los querellados la habrían usado para "colocarle" aquel piso deteriorado y repartirse las comisiones y probablemente el dinero de la hipoteca.
