Los directores expedientados llevan a los tribunales por prevaricación a Estarellas
Los directores de tres institutos de Mahón han presentado hoy una querella por presunta prevaricación contra tres responsables de la Conselleria de Educación por mantener durante 14 meses expedientes disciplinarios en su contra por el TIL
Los directores de tres institutos de Mahón han presentado hoy una querella por presunta prevaricación contra tres responsables de la Conselleria de Educación por mantener durante 14 meses expedientes disciplinarios en su contra con motivo de la implantación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).
La querella se dirige contra el director de Planificación, Infraestructuras educativas y Recursos Humanos, Bartolomé Isern; el entonces secretario autonómico de Educación, Cultura y Universidades, Guillem Estarellas; y el inspector de educación que instruyó los procedimientos, José Ramón Mestre, según ha explicado una de las querellantes a las puertas de los Juzgados de Palma.
Educación abrió los expedientes disciplinarios a los tres directores el 31 de julio de 2013, cuando habían transcurrido 24 horas desde que comunicaran la decisión adoptada por los consejos escolares y las comisiones de coordinación pedagógica de sus centros en contra de la implantación del TIL.
"Estuvimos 14 meses con el expediente abierto y suspendidos de función directiva 6 meses que es el máximo que la ley permite, para acabar después con una propuesta de sanción de 15 días y con el archivo de los expedientes porque al cabo de 14 meses se comprobó que no había conductas sancionables", ha explicado la directora del instituto Joan Ramis i Ramis de Mahón, Marga Seguí.
Ha recordado que durante dos meses estuvieron suspendidos de empleo y sueldo, unas medidas cautelares que consideran "absolutamente desproporcionadas y nada frecuentes".
"Entendemos que se lesionaron nuestros derechos fundamentales y que hay que sentar un precedente jurídico para que no se pueda volver a proceder de este modo contra un director, contra un profesor o contra un funcionario", ha reclamado Seguí.
La querella es por presunta prevaricación, abuso de poder e indefensión, por irregularidades en la tramitación de los expedientes.
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