El alegato defensivo de la protagonista del caso Infanta es clasista y machista. Desde la primera línea destaca que la presunta delincuente es "Excelentísima Señora", donde Deficientísima sería más correcto. Después, un escrito de tanto ringorrango la llama "Doña Cristina" a secas, un genérico equivalente a "la Pantoja" y que nunca se emplea para referirse a "Don Iñaki", el testaferro de la hermana del Rey.
En cuanto al machismo de la infantil Infanta, su defensa considera taxativamente que las esposas son ignorantes por definición. Verbigracia, "Doña Cristina solo cuenta con unos conocimientos mínimos de fiscalidad" que en otro folio son "nulos conocimientos de fiscalidad". ¿En qué quedamos? Unos abogados tan sibilinos en las distinciones deberían recordar que entre lo "nulo" y lo "mínimo" caben millones de euros. Le han concedido una capacidad residual a la líder del caso Infanta, ante las carcajadas motivadas al consignar su nulidad absoluta. Siguen olvidando que los conocimientos fiscales de la Duquesa de Palma equivalen a la pericia en este campo de Urdangarin, a quien se solicitan decenas de años de cárcel. O a la sapiencia tributaria de Al Capone, en la comparación clásica.
Los escritos de la muy docta defensa de la presunta y presuntuosa delincuente plantean únicamente dos incógnitas. En qué folio restregarán al lector la condición regia de su defendida, y en qué folio utilizarán el alemán infalible de Lufthansa. Pues bien, la página nueve de la cansina recopilación ya destaca que la Excelentísima Señora "es una persona con múltiples ocupaciones", a diferencia de los zánganos que pagan impuestos. Y unos párrafos más allá se precipitan los alemanajos Garantenstellung y Begehungsgleichheit, que difícilmente tranquilizarán a una clienta incapaz de descifrar el impuesto sobre la renta.
La distorsión condena a la redundancia, por lo que procede reiterar que los jugosos contratos obtenidos por Urdangarin a cambio de nada se deben a su condición de esposo de Cristina de Borbón, por no hablar de sus vínculos con el resto de La Zarzuela. Si la presuntísima delincuente no quería verse salpicada por una sociedad delictiva, le hubiera bastado con no tomar el 50 -cincuenta- por ciento de la empresa, para lo cual contaba con significativos asesores palaciegos pagados por todos los contribuyentes excepto ella. La hermana del Rey no solo reúne la tesis del Supremo de "decisión del sujeto de permanecer en la ignorancia", sino sobre todo "el propósito de beneficiarse del estado de ignorancia". Es curioso que la defensa aporte los argumentos que remachan las tesis contra su patrocinada.
Para preservar la ilación fáctica de la versión interesada, la Infanta no es acusada desde 2007 porque en ese ejercicio irrumpieran las conductas fraudulentas, sino porque los años anteriores han prescrito. Es peligroso que los ilustres abogados nieguen que su clienta "albergara siquiera la sospecha de estar incurriendo en una actuación ilícita". Es más inteligible y breve reseñar que se creía blindada por su condición de hija de un Rey, gracias a la cual solo ha sido culpada episódicamente de una trama en cuyo frontispicio figura desde la constitución del ominoso Instituto Nóos.
Hasta el abogado más alemán tropieza en los detalles. ¿Por qué insistir ahora en la conmovedora "familia Urdangarin-Borbón", cuando en todos los documentos conjuntos del escándalo se coloca en primera posición el interminable nombre de la Excelentísima Señora, secundada por su marido plebeyo? Y si la Infanta antes más preparada y hoy más inculta de la historia firma cualquier papel que le pongan delante "a petición de terceros", tal vez convendría aclarar los criterios que le conceden una posición descollante para ocupar el trono de España. En fin, se persigue únicamente sacar del banquillo en el primer día de juicio a la cabeza de la "familia Borbón-Urdangarin".
