La portavoz del Govern, Núria Riera, defendió ayer la actuación del conseller de Turismo, Jaime Martínez, cuando siendo director general de la Conselleria defendió en la Junta Rectora del Consorci Borsa d'Allotjaments Turísticos un precio muy superior para la compra del hotel Rocamar del que recomendó el perito que lo valoró. Riera admitió que Martínez había dado explicaciones ayer en el Consell de Govern sobre este asunto, después de que Fiscalía Anticorrupción haya denunciado el caso ante la juez por los presuntos delitos de malversación y fraude a la administración. La portavoz del Govern sostuvo que Martínez, a quien por ahora Anticorrupción no imputa ningún posible delito, actuó basándose siempre "en informes técnicos o jurídicos".

En su denuncia, Fiscalía pide que declaren ante la juez Cristina Pancorbo varios testigos, entre ellos el arquitecto Pere Gónzález Nebreda, contratado por la conselleria de Turismo para realizar una valoración del hotel de Sóller, que estaba en un estado de ruina total, para su expropiación. El perito valoró inicialmente el solar en 971.671 euros, pero dejó claro que a esta cantidad había que quitarle el coste de la demolición del edificio y otros requisitos urbanísticos, por lo que concluyó que para expropiar el terreno sólo era necesario abonar 284.631 euros.

Este peritaje de González Nebreda, cuya contratación se realizó tras un concurso impulsado por el actual conseller de Turismo, no fue tenido en cuenta por la Conselleria, a pesar de que se trataba de una valoración teóricamente imparcial. Turismo pidió una nueva valoración a tres funcionarios, que concluyeron que dado que oficialmente el edificio aun no había sido declarado en ruina, debía establecerse su precio real en 990.000 euros, cantidad que al final pagó la Conselleria. Los beneficiados fueron Jaime Ensenyat, jefe de inspección de la Conselleria, y sus padres, el empresario Jaime Ensenyat Julià y Antonia Alcover, los tres imputados por Anticorrupción. La familia Ensenyat había prestado a Francisco Castañer, el antiguo propietario del Rocamar, 990.000 euros, con el ruinoso hotel como garantía del préstamo. Esta fue la cantidad que pagó el Govern por el hotel y que fue a parar a manos de los Ensenyat para saldar el préstamo con Castañer.

Riera sostuvo que en el Govern hay "una tranquilidad absoluta" respecto a este caso. "No hay una preocupación especial", afirmó la portavoz del Ejecutivo quien insistió en que Martínez actuó en este asunto como miembro del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics y que "en ningún momento se tomaron decisiones sin contar con el aval de informes técnicos o jurídicos".

Junto a ello, como ya hizo el día anterior el president José Ramón Bauzá, mostró el "respeto" del Govern a las actuaciones judiciales que "se lleven a cabo" y la disposición a prestar la máxima "colaboración" con la Justicia.