El Govern balear, al igual que la fiscalía anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, reclama una pena de 11 años de cárcel para el expresident del Partido Popular Jaume Matas, al que acusa de ayudar a Iñaki Urdangarin a desviar fondos públicos. La acusación particular solicita que se le aplique a Matas la agravante de reincidencia, debido a su condena por tráfico de influencias en el caso Alemany y que devuelva a las arcas autonómicas más de 2,5 millones de euros junto con otros acusados.
El Govern se personó como acusación particular en el caso Palma Arena, del que Nóos es una pieza separada, en la anterior legislatura. A través de la letrada Maria Ángeles Berrocal esta acusación desarrolló un papel muy activo en las pesquisas. Con la llegada del PP al Consolat de la Mar en 2011, los abogados de la Comunidad Autónoma dejaron de participar casi totalmente en la instrucción, pero se mantuvieron como acusación particular.
El Ejecutivo del PP ha explicado que ejercerá acciones en casos de corrupción, siempre que estime que Balears ha podido sufrir algún tipo de perjuicio.
Cómplice de la malversación
Tanto el fiscal Pedro Horrach, como la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete y la Abogacía del Govern imputan a Matas dos delitos diferentes: malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.
El primer delito se deriva de la complicidad de Matas con Iñaki Urdangarin para que éste se apropiara de fondos del Govern, abonados por Illesport. Dicha fundación construyó el velódromo Palma Arena y financió dos foros sobre turismo y deporte organizados por el Instituto Nóos y le pagó también al duque de Palma por unos trabajos relacionados con el equipo ciclista Illes Balears, al que el Govern patrocinó con casi 20 millones de euros.
Por ese primer delito se solicitan 8 años de prisión para el también exministro Jaume Matas.
La segunda acusación es de presunto amaño de los contratos otorgados a empresas de la trama Nóos y relacionados con la puesta en marcha del Illes Balears y la medición del impacto publicitario de esa marca en los principales mercados turísticos de las islas.
Por ese supuesto delito continuado de fraude se piden otros 3 años de cárcel para el expresident del PP balear.
Indemnización conjunta
La fiscalía anticorrupción sostiene que, junto a Matas, también desviaron esos caudales públicos Iñaki Urdangarin y Diego Torres, los dos creadores y gestores del entramado Nóos, así como el exdirector general de Deportes, José Luis Ballester, y el gerente de Illesport, Gonzalo Bernal. Manos Limpias incluye a otros tres acusados en estos hechos: los hermanos Marco, Miguel y Ana María Tejeiro.
El fiscal quiere que Matas contribuya a devolver 2,5 millones de euros al Govern junto a otros acusados, mientras que la acusación popular eleva esa responsabilidad civil a 2,6 millones de euros, al incluir contratos firmados por Ibatur con Nóos y relacionados con la escuadra ciclista Illes Balears.
Matas no quiso declarar ante el juez José Castro por los foros organizados por Iñaki Urdangarin y sufragados con fondos públicos, pero sí que realizó manifestaciones ante varios medios de comunicación. El expresident sostuvo que apoyó a Urdangarin porque no podía desairar a un miembro de la Familia Real y que, además, ostentaba el título de duque de Palma. Matas aseguró que se limitó a dar el visto bueno político a esos patrocinios y sus subordinados del Govern se encargaron de tramitar los expedientes.
