La sentencia del Tribunal Superior de Justicia da la razón a los extrabajadores de la Televisión de Mallorca respecto a que su cierre fue una decisión política, aunque esa no fue la única causa de la desaparición del medio de comunicación, puesto que primaron los motivos económicos. Los magistrados afirman que una radiotelevisión, pese a su indudable interés público, "no es un servicio de competencia propia del Consell y que por ley le venga encomendado prestar bien de forma directa o indirecta". Los medios de comunicación desaparecidos en 2011 fueron creados en 2005 de forma voluntaria y discrecional por el Consell de Mallorca. En consecuencia, añaden los jueces, "su extinción o finalización es también una decisión política discrecional", aunque no arbitraria.
El Alto Tribunal declara que la televisión insular tuvo unos niveles de audiencia aceptables y superiores a otros canales sufragados también mediante fondos públicos, por lo que su cierre no pudo justificarse en la pérdida de calidad.
