Cuatro años son mucho tiempo para unas gestiones que, con los medios informáticos modernos, se pueden realizar en unas horas.

Estados Unidos ha tardado una eternidad en facilitar información sobre el patrimonio oculto del expresident del Govern Jaume Matas y no ha mandado nada más que una ristra de datos dispersos e incompletos.

El propio investigado reconoció ante el juez Castro que abrió tres cuentas en Norteamérica y creo allí una consultoría.

La Justicia estadounidense ha sido incapaz de localizar dos de esos depósitos y eso que entre la documentación aportada por el tercer banco figuran transferencias a una de las dos primeras cuentas.

Matas, en su día, juró y perjuró que no poseía ni en América del Norte, ni en otros países del extranjero, cuentas corrientes o inmuebles a su nombre o de terceras personas.

La fiscalía del Distrito de Columbia no se ha esforzado nada en comprobar si esa afirmación era cierta y ni tan siquiera ha recabado datos sobre los movimientos de fondos admitidos por el investigado.

Estados Unidos no es un paraíso fiscal, pero lo parece, dada la parsimonia de sus autoridades en colaborar con las pesquisas de un país amigo.

Matas, en la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos en 2010, es pintado como un exgobernante sospechoso de corrupción y de haberse lucrado con fondos públicos y comisiones.

El juez Castro y el fiscal Pedro Horrach se esforzaron en fundamentar las sombras que pesaban sobre Matas que, en unas pocas horas, consiguió de Bancaja (una entidad de la que era cliente en Miami y España) un préstamo de tres millones de euros para eludir la prisión. Pero sus sudores cayeron en terreno baldío.

En otra de las piezas separadas del caso Palma Arena, la de Nóos, los investigadores también han topado con la muralla de silencio de Suiza, que únicamente facilita con cuentagotas información sobre sus clientes bancarios.

Silencio, hermetismo y parsimonia son tres de las armas que algunos países emplean cuando se les recaba, desde otros estados, información bancaria sobre determinados depositantes.

Así no se ha podido recabar a Suiza si Iñaki Urdangarin o la infanta Cristina tienen allí depósitos bancarios u otro patrimonio.

Tampoco se han podido rastrear los movimientos de fondos en cuentas corrientes de presuntos testaferros del duque identificados durante las pesquisas.

Queda así un resquemor, un mal sabor de boca, por la impotencia de no poder esclarecer los presuntos delitos hasta sus últimas consecuencias.