Un exalto cargo del Govern Matas, condenado por malversación de dinero público, ha pedido un indulto para no ingresar en prisión. Se trata de Juan Francisco Gálvez, antiguo director general del área de Juventud, integrada en la conselleria de Presidencia, que fue sentenciado a cumplir tres años de prisión en el denominado caso Turisme Jove. Gálvez ha solicitado esta medida de gracia a pesar de que se confesó culpable y aceptó la condena que propuso el fiscal.
El exdirector general ha comunicado a la Audiencia esta iniciativa. Y lo ha hecho cuando el tribunal le comunicó que la sentencia se iba a ejecutar y, por tanto, debía ingresar en prisión. Gálvez pidió un aplazamiento para que esta condena no se ejecutara hasta conocer el resultado del indulto que había pedido al Gobierno. De momento, el tribunal ha decidido aplazar unos días su entrada en la cárcel mientras se estudia la petición.
Del grupo de acusados que se sentó en el banquillo en el juicio de este caso de corrupción, solo tres de ellos debían ingresar en prisión. El resto se confesó culpable, pero acordó penas que no suponía la entrada en la cárcel. La sentencia señalaba a tres principales acusados en esta trama de corrupción. Uno era Juan Francisco Gálvez. El otro era Damià Amengual, militante del PP de Algaida que fue nombrado gerente del consorcio público. El tercero fue Juan Francisco Gosálvez, exjefe de obras y mantenimiento, que fue condenado por cobrar comisiones ilegales. Ninguno de estos dos antiguos altos cargos del consorcio han pedido ninguna medida de gracia. De hecho, Damià Amengual ya ingresó en prisión el pasado miércoles y Gosálvez lo hará en las próximas horas. Ambos deben cumplir tres años de prisión. Al exjefe de mantenimiento se le descontará los meses en los que ya estuvo en prisión cuando fue detenido al inicio de este escándalo, que se convirtió en el primer caso de corrupción que salpicaba directamente al Govern que presidió Jaume Matas. Las dos salas penales de la Audiencia suelen aplazar el ingreso en prisión de un acusado que tramita un indulto cuando la pena de prisión es inferior a los tres años. Es el caso, por ejemplo, de Jaume Matas, que consiguió precisamente aplazar su entrada en la cárcel para cumplir los nueve meses que le impuso el Supremo por el delito de tráfico de influencias, al tramitar una propuesta de indulto. Sin embargo, el caso de Juan Francisco Gálvez es diferente. Se trata de un acusado, que no solo ha reconocido los hechos, sino que ha llegado a un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción. Un acuerdo que suponía su entrada en prisión, porque la pena que aceptaba era de tres años. A diferencia de Matas y de otros políticos condenados por corrupción, Gálvez ni siquiera se planteó la posibilidad de presentar un recurso contra la sentencia de la Audiencia. Al ser ya firme la decisión del tribunal, sólo faltaba por determinar la fecha de la ejecución de la sentencia. Se daba por hecho de que Gálvez iba a asumir su culpa e ingresaría en prisión. Pero no ha sido así. Ha buscado la última oportunidad que le quedaba, que era la de pedir que el Gobierno tenga en cuenta su situación personal, que ha manifestado públicamente su arrepentimiento y que, además, ha colaborado aportando nuevos datos. Gálvez, además, alega la difícil situación que tendrá que afrontar su familia si ingresa en prisión.
