Lo que le faltaba al Consell Escolar era un imputado. Y ya lo tenemos. Hablamos del director del colegio de la Colònia de Sant Jordi, Fernando Alcántara, quien, cómo informó desde estas páginas nuestro compañero Tomeu Obrador, declaró el martes en calidad de detenido junto a su mujer, profesora interina, por presuntos delitos de falsificación, coacciones y amenazas. Según apunta la investigación, el director falsificó documentos para aumentar las plantillas de alumnos supuestamente matriculados en el colegio colonier que en realidad estaban inscritos en Marruecos o Las Palmas. Las formas que empleaba Alcántara con algunos docentes y con los padres propició la denuncia de varias familias. Imaginen la proporción del escándalo para que el propio Partido Popular presentara una moción en el pleno del ayuntamiento de Ses Salines para que Educación tomara cartas en el asunto contra esta forma de proceder del director, quien además ocupa un cargo de confianza en representación de la Conselleria en el Consell Escolar de Balears.
Falta de diligencia de Educación ante una conducta poco ejemplar
Hace nueve meses de esa moción. Hace un año que varios padres empezaron a presentar denuncias. Hace más de diez que Alcántara dirige el colegio. En un Conselleria que sabemos capaz de abrir expedientes y suspender de empleo y sueldo a tres directores en cuestión de horas, ¿de verdad que no han podido actuar con algo más de diligencia y contundencia en este caso? ¿O es que lo que no sea el cumplimiento del TIL o la persecución de lazos no son cuestiones prioritarias? Educación demuestra tener dos velocidades y dos varas de medir a los docentes. Mientras los directores de Maó fueron apartados de su puesto durante casi seis meses de forma preventiva, a día de hoy y tras desvelar Diario de Mallorca su detención, Alcántara sigue siendo director. Un ejemplo ideal para el alumnado, la mejor de las lecciones: así se triunfa en Mallorca. Por cierto, si cesara en su cargo en el Consell Escolar, pasaría a ser suplente el director general Bartomeu Isern. Este órgano consultivo dirigido por Jordi Llabrés no pasa por su mejor momento ya que también se ha puesto en entredicho la idoneidad del perfil profesional de la vicepresidenta, Ana Redondo, abogada y regidora de Valldemossa, que entró en la entidad en categoría de "personalidad de reconocido prestigio" en el ámbito educativo. Al no haber acreditado la Conselleria en qué se basa ese "prestigio", la federación de asociaciones de padres FAPA presentó hace unas semanas un recurso contra el nombramiento, aún pendiente de resolución.
Carot teme "algún disgusto" para la UIB por su arraigo a la tierra
Esta semana la Universitat ha acogido la presentación de la guía de criterios lingüísticos para la difusión general de mensajes corporativos (de empresas o administraciones públicas) en territorios catalanoparlantes, elaborada por la Xarxa Vives d´Universitats. Al preguntar a los responsables de la guía si ya se la han hecho llegar al Govern, quien ignora sistemáticamente la competencia reconocida de la Universitat como órgano oficial de consulta en temas lingüísticos, los asistentes no pudieron evitar una risilla que lo decía todo. El vicerrector de Investigación y Postgrado, Jaume Carot indicó que sí se les ha hecho llegar, aunque no se sabe "qué uso le darán". Carot, sutil al máximo, indicó no tener contacto con los responsables de la política lingüística del Govern "si es que hay". También dejó caer: "Somos una universidad muy arraigada a nuestro territorio, y esto nos ha traído algún disgusto últimamente, y supongo que nos traerá todavía alguno más". ¿Se refería al edificio de Sa Riera que la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP) ofreció como refugio de los lazos cuatribarrados? El rectorado no ha puesto trabas a esta iniciativa, pero tampoco acaba de estar cómodo con la idea.
