"Fue una decisión que jamás debí tomar, debí oponerme con firmeza a tan disparatada componenda. Mi distorsionado sentido del deber de obediencia y de la disciplina de partido, unido a la juventud e inexperiencia, provocaban en mí un miedo irracional e irresistible a rechazar el cumplimiento de cualquier instrucción que viniese de mis superiores dentro del Govern". Estas palabras fueron escritas por Juan Francisco Gálvez, exdirector general del área de Juventud del Govern Matas, que está en prisión por el llamado caso Turisme Jove, condenado por utilizar facturas falsas para realizar un pago ilegal con fondos públicos. Antes de que se celebrara el juicio, Gálvez presentó en el juzgado un escrito, en el que aseguraba que se limitó a "cumplir órdenes" y apuntó que estas indicaciones venían directamente de Jaume Matas, aunque le fueron transmitidas por otro alto cargo del Govern. Esta confesión ha justificado que Jaume Matas sea hoy citado a declarar por malversación.

Gálvez fue condenado por autorizar el pago de 120.000 euros al exconcejal del PP de Calvià Jesús García Oeo, quien mantenía un pleito con el Govern por perder la explotación del albergue juvenil de La Victòria, en Alcúdia. Para justificar estos pagos, la administración tuvo que utilizar facturas falsas.

Los hechos que narró Gálvez datan del año 1998, cuando aún no había sido nombrado director general. La pérdida de la explotación del albergue provocó la presentación, por parte del Govern del Pacte, de una querella contra Rosa Estarás, por ser la presidenta del organismo que tomó la decisión, el consorcio Xarxa d´Instalacions de Balears, que después pasó a llamarse Turismo Jove. Además de la querella, las dos empresas que perdieron la explotación de los albergues públicos presentaron sendas demandas contra el Govern.

García Oeo exigía en los tribunales que el Govern le recompensara con 120.000 euros. Al recuperar el PP el poder político, el Govern acordó retirar la querella contra Estarás y abrir un periodo de negociación con las dos empresas que habían perdido la explotación. En su escrito, Gálvez detalló que mientras se tramitaba la demanda, recibió una llamada del abogado de García Oeo, que le presentó un escrito detallando las pérdidas que había sufrido su cliente al perder la explotación del albergue. "Mi respuesta fue que no me competía a mí decidir sobre asunto de tal magnitud". Planteó el problema a sus dos jefes directos, que decidieron esperar acontecimientos. Una de las empresas ganó el pleito y se condenó al Govern a pagar 60.000 euros.

Gálvez señaló que el entonces secretario general técnico de la conselleria de Presidència, Antoni Amengual, le ordenó que se hiciera un informe de cuánto dinero se debía pagar a la empresa de García Oeo. La valoración fue de 90.000 euros.

El exdirector general detalló que en la primavera de 2005 asistió, junto a dos altos cargos de Turisme Jove, Damià Amengual y Juan Francisco Gálvez, a un acto del PP en Calvià. "Gosálvez me advirtió que en una sala reservada pero acristalada, se podía ver a García Oeo conversando con Matas. Comprobé que había un hombre hablando con el presidente y, por su lenguaje gestual, parecía bastante airado". Después de este acto político Gálvez asistió a dos reuniones con la abogacía de la comunidad para buscar una solución amistosa al contencioso que había planteado el exregidor del PP, que exigía que le pagaran los 120.000 euros. Meses después, "Antonio Amengual me comunicó que se había decidido pagar a García Oeo lo que pedía". Gálvez supuso, según relató en este escrito, que la decisión de pagar la había tomado el president en persona. "García Oeo era militante y había sido concejal en Calvià. Su esposa, Teresa Martorell, era entonces primera teniente de alcalde y actualmente es vicepresidenta del IMAS. Además. Añádase que Matas también era residente y afiliado del PP en Calvià. Todo ello, unido a la conversación que presencié de lejos entre ambos, me llevó a suponer que García Oeo tenía hilo directo con los dirigentes del PP balear al más alto nivel".

Ante esta situación, Amengual y Gálvez decidieron contarle la situación a la consellera Rosa Puig en su propio despacho. "Cuando se lo explicamos, se desentendió del tema y nos dejó claro que no quería volver a oir hablar de ese asunto en su presencia". Mientras tanto, el Govern pidió una pericial técnica, que estableció que el dinero que le correspondía a García Oeo era de 11.903 euros, pero el Ejecutivo le pagó todo el dinero que exigía.