Cuando bajar impuestos era de izquierdas, como llegó a decir el presidente Zapatero, a Balears se le abrió un agujero en los ingresos públicos de 900 millones de euros al año. Ahí empezaron los recortes a mansalva y un déficit brutal que aún lastra las cuentas de las comunidad. Y ahora que subir impuestos es la principal política económica de los gobiernos de ese centro-derecha que se autoproclama liberal y prometió rebajar la presión fiscal, los ciudadanos y empresarios de las islas están pagando entre todos 700 millones más al año en impuestos y tasas. Y ahí se agravan las dificultades de las empresas para crear empleo incluso cuando el turismo va bien.
Los datos de recaudación en las islas son demoledores. En el año 2010, último ejercicio completo del Govern del Pacte y último año antes de que Zapatero y Rajoy se pusieran a subir tributos como alma que lleva Merkel, Balears ingresaba por tributos (capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto) 2.148 millones de euros. En 2013 esa cifra se elevó a 2.660 millones. Y en este 2014 recién estrenado, el gobierno autonómico cuenta con sacarle del bolsillo a los ciudadanos y empresas de las islas 2.846 millones.
Así que si en el equipo económico del president Bauzá han acertado con las cuentas, la recaudación por ciudadano habrá pasado así de los 1.919 euros del año 2010 a los 2.543 euros previstos para 2014, un 32% de aumento de la aportación fiscal justo cuando menos dinero hay en la cartera. Toda una losa para el consumo. O eso denuncian sectores tan importantes para la economía mallorquina como el comercio y la hostelería. Lo han sintetizado en los últimos meses en el sector comerciales líderes patronales como Bernat Coll, que suele hablar claro: "Los costes que nos han subido en esta crisis son los dependientes del Gobierno".
Un repaso a la historia económica reciente le da todo el sentido a la opinión del presidente de la patrona PIMECO. El listado con todos los impuestos y tasas subidos o inventados por el Govern de las islas y por los dos gobiernos centrales que ha habido durante esta crisis ocuparía estas dos páginas. Entre unos y otros los incrementos de grandes tributos superan los 50 en seis años de crisis, sin contar las decenas de tasas recrecidas o de nuevo cuño.
Sólo el Govern Bauzá ha aumentado, implantado o modificado para recaudar más al menos nueve grandes tributos y 61 tasas. Al menos, porque esas son las que ha podido confirmar este diario a través de leyes, decretos, presupuestos autonómicos y planes de ajuste contra el déficit. Aunque podría haber más, visto el ritmo de aprobación de nuevos tributos en el Boletín Oficial de Balears. A esa sangría fiscal autonómica se le unen todas las recetadas primero por José Luis Rodríguez Zapatero y luego por Mariano Rajoy. Que fueron unas cuantas. El socialista aumentó el IVA, eliminó deducciones clave en el IRPF como la de compra de vivienda, elevó la fiscalidad del ahorro, canceló el chequé bebé que él mismo creo, y empezó a castigar a las empresas (y sus trabajadores) con la supresión de deducciones en el impuestos de sociedades. Todo un cúmulo de palos: bajar impuestos había dejado de ser de izquierdas. Luego llegó Mariano Rajoy con su discurso del "no más IVA" y superó en virulencia fiscal a todos los políticos que le han precedido en democracia. En su primer año y medio, Rajoy aumentó o inventó treinta tributos, incluyendo los principales (como el IVA o el IRPF, que en el caso de algunos autónomos ha crecido un 50%). Tras ese primer arreón tributario, justificado en 2012 con la frase "no he cambiado el criterio, cambian las circunstancias", el actual presidente del Gobierno y del PP siguió la misma senda en el tramo final de 2013, con otra decena de incrementos y retoques varios que afectan al impuesto de sociedades, la factura de la luz, los medicamentos, la educación y, finalmente, este mismo mes, a las cotizaciones que pagan los empresas por unos trabajadores a los que cada vez les cuesta más contratar. Así que no los contratan.
Presión fiscal creciente
Esa retahíla de impuestos ve la luz con la economía estancada. Resultado: los impuestos cada vez devoran más riqueza. Lo certifican los datos oficiales de liquidación presupuestaria y las previsiones para los próximos meses. En 2010, los ingresos fiscales del Govern (es decir, sin contar impuestos municipales, ni la parte del pastel que se queda directamente el Estado) equivalían al 7,95% del Producto Interior Bruto balear. En 2013, ya acapararon el 9,94% de la riqueza balear, y en 2014, si las arcas autonómicas recaudan lo previsto, serán el 10,28% del PIB. Un 29% más en apenas tres años. O dicho de otro modo: uno de cada diez euros generados por la economía de las islas acabará financiando la estructura de la comunidad. Más aún se irá al Estado: lo recaudado gracias a las subidas de IVA e IRPF de Zapatero y Rajoy fue íntegramente para la caja estatal. Y en el exprimido del contribuyente aún faltaría por contar un último achuchón: el protagonizado por ayuntamientos y consells entre sus vecinos.
De todos esos golpes al contribuyente, una parte (no las más importante, desde luego) es responsabilidad directa del Govern Bauzá. Su acción de gobierno ha estado marcada por la lucha contra el déficit impuesta desde Bruselas y Moncloa, que ha tenido dos vertientes: la más conocida, que son los recortes en casi todos los servicios públicos, y una segunda cara igualmente impopular, los incrementos de impuestos. Los primeros vieron la luz ya en 2011, ligados fundamente a los presupuestos de 2012, los primeros de la Presidencia de Bauzá. En ellos se incluyeron las primeras formas de copago (luego hubo más), como el cobro en el párking del hospital de Son Espases (incluso al personal) o el estreno de una tasa de 10 euros por renovar tarjetas sanitarias que luego no se renovaron (pero se cobraron). Ya de paso se implantaron tasas por el control veterinario o publicar en el Boletín Oficial de la comunidad, mientras se elevaban otras como la exigida por matricularse para exámenes de catalán o por abrir o modificar un negocio turístico.
La sangría de 2012 y 2013
Fueron en total doce tasas retocadas en 2011, un mero preludio de lo que vino en 2012 y 2013. El primer palo importante al contribuyente fue el mal llamado "céntimo sanitario", que lejos de ser un céntimo y aún más lejos de usarse para financiar el servicio sanitario, eran y son 4,8 céntimos por litro, que hacen que los baleares paguen la gasolina más cara del Estado. Y con mucha diferencia: 12,5 céntimos más por litro que la comunidad con el gasóleo más barato. Poco después el Govern aumentó el tipo tributario del impuesto de Actos Jurídicos, mientras incrementaba el de Transmisiones patrimoniales. Además, Bauzá aplicaba un "impuesto especial sobre determinados medios de transporte", disparaba el canon de agua (dos veces, primero un 10% y luego hasta un 30% para algunos usuarios), retiraba beneficios fiscales en el IRPF (como el de vivienda), instauraba el copago de medicamentos y elevaba no una, sino dos veces en dos años, los precios de las matrículas universitarias, que crecieron entre 350 y 550 euros por curso (un 9,2% en 2012 y un 5% más en 2013). A cambio el Govern creaba una deducción por montar empresas y otra por contratar un seguro médico privado.
Poco después, y mientras Rajoy incrementaba el IVA y el IRPF a sus máximos históricos, el Govern resucitaba el Impuesto de Patrimonio, que en 2013 superó con creces todas las expectativas de recaudación. Ese mismo día en que renacía el tributo sobre el Patrimonio, el Govern anunciaba una batería de "impuestos verdes" (sobre coches de alquiler, envases y grandes comercios) que acabaron retirados y le costaron el puesto al vicepresidente que cumplió órdenes presidenciales al crearlos (José Ignacio Aguiló). De aquel alud fiscal apenas quedó la subida de canon de agua y un nuevo impuesto de hasta 1.280 euros cada vez que se compra un coche de segunda mano (aunque en algunas operaciones no varía la fiscalidad).
Con todo, son nueve (contando copagos) o diez (contando los incrementos brutales en la universidad) los grandes tributos endurecidos o inventados por Bauzá. La puntilla la dan 61 tasas incluidas en los presupuestos de 2012, 2013 y 2014, que en unos casos nacen, en otros se reproducen, y en todos los casos crecen. Y obligan a pagar más por casi cualquier relación con la administración, desde hacer deporte en espacios naturales públicas, a trabajar en una cantera o conseguir una tarjeta de transporte intermodal o una compulsa de documentos del paro en el SOIB, pasando por nuevas tarifas por "lo servicios docentes deportivos de los colegios" o por apuntarse a un registro de parejas de hecho. O incluso por que te revisen el grado de dependencia o de discapacidad. O por dar clases para ese SOIB que ha llegado a acumular años de retraso en los pagos a quienes imparten su formación. Y si una decena de tributos y 61 tasas recrecidas fueran poco para el contribuyente, el Govern de los salarios públicos congelados que gestiona la comunidad de los sueldos privados en descenso sube sistemáticamente sus impuestos y tasas con el IPC. Con un agravante, sobre todo este último año 2013, cuando el índice de precios se elevó al ritmo más bajo en décadas (+0,5%), pero el Govern actualiza sus tributos con el IPC de 2012 (+3,8%). Hacienda siempre gana.
