"Es rotundamente falso el mensaje que lanzan los responsables de la administración balear de que aquí se atiende a todo el mundo". El doctor Miguel Reyero, de Médicos del Mundo, desmintió ayer sin nombrarlos al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y al conseller de Sanidad, Martí Sansaloni, y denunció que continúan las trabas en muchos centros de salud públicos para prestar atención médica a las personas a las que se ha retirado la tarjeta sanitaria por los recortes, unos 20.000 inmigrantes en situación irregular en Balears.

La organización sin ánimo de lucro aseguró que tiene "287 casos documentados" de enfermos que han tenido problemas para recibir un tratamiento médico. Reyero puso el caso de "un chaval de 17 años con una patología importante, que necesita ir al endocrino, al oftalmólogo" y a otros muchos especialistas. "Mañana cumple 18 años ¿y qué pasa? pues que se le habrán terminado las visitas", denunció Reyero.

Médicos del Mundo aseguró que tras la muerte de Alpha Pam se notó "un cierto cambio" en el IB-Salut, "porque se retiraron los compromisos de pago" en las Urgencias de los hospitales, pero a día de hoy "la situación continúa igual, ya que cuando un paciente sin tarjeta acude por una urgencia, se le atiende pero luego no se le asigna un médico de familia para que le haga el seguimiento, y esto es lo grave", señaló Reyero.

La normativa actual "es contraria al derecho internacional, y podemos hablar abiertamente de que supone una violación de los derechos humanos en nuestra Comunidad, en tanto que se veta el derecho a la salud", denunció por su parte Pere Manel Mulet, de Aministía Internacional. Mulet criticó que "el personal del IB-Salut no dispone todavía de unas instrucciones claras sobre cómo deben atender a estas personas", y reclamó junto a su compañero de Médicos del Mundo que el Govern arbitre normativas que permitan la atención normalizada y básica a los colectivos privados de Atención Primaria.

"Cuando alguien nos viene a denunciar su caso, a veces conseguimos que desde el IB-Salut finalmente le asignen un médico, pero no estamos nada orgullosos, es una vía irregular", lamentó Reyero, para quien el Govern debería cumplir escrupulosamente los mínimos garantizados por las leyes estatales en cuanto a la atención urgentes y los cuidados posteriores hasta el alta médica.

Por otra parte, Jaime Bueno, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, aseguró que "nos estamos encontrando con supuestos gravísimos de denegación de incapacidad permanente". En la rueda de prensa celebrada con sus dos compañeros y en representación también de otras entidades sociales como Prosocial y EAPN-Illes Balears, Bueno reprochó que "con los recortes sociales se está dando una restricción clara en los supuestos de invalidez permanente y se incrementan las altas médicas indebidas en procesos de bajas de incapacidad temporal".

Según Bueno, la Seguridad Social obliga ahora al solicitante de una baja por invalidez a tener que aportar nuevas pruebas médicas que por lo general se realizan con mucho retraso.