La portavoz del Govern, Núria Riera, resaltó ayer que ha pedido formalmente a UGT que justifique ayudas por un total de 1,2 millones de euros, concedidas por el Ejecutivo del Pacto en la pasada legislatura para cursos de formación de parados, y que si no las puede justificar devuelva el dinero recibido. Esta exigencia se enmarca en la auditorias que está realizando Intervención de la Comunidad Autónoma sobre las subvenciones que dió el anterior Govern para la realización de estos cursos tanto a sindicatos como a organizaciones empresariales, entre ellas la CAEB, según admitió.

Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre la situación en la que se encuentran los expedientes, apelando a la "confidencialidad" de estas tramitaciones, salvo en lo que respecta a UGT ya que en este caso, según argumentó, ya se ha hecho público en los medios de comunicación. Así, Riera consideró que hay que actuar con "prudencia" aunque afirmó que si cuando acaben las auditorias se concluye que hubo alguna actuación "ilícita" el Govern llevará el asunto a la Fiscalía Anticorrupción.

La portavoz del Govern no supo concretar cuándo comenzaron a realizarse estas auditorías, que se abrieron cuando la UE, en concreto el Fondo Social Europeo, bloqueó las ayudas a Balears para estos cursos al comprobar que no se habían justificado los fondos concedidos en la pasada legislatura. "Estas ayudas hay que justificarlas debidamente", dijo Riera quien criticó que el Ejecutivo del Pacto no comprobara "debidamente" que las subvenciones se hubieran utilizado realmente para la realización de cursos.

En lo que se refiere a UGT, precisó que el sindicato subcontrató a empresas "filiales" suyas para justificar el gasto de estos fondos e insistió en que si concreta detalles de este caso es porque ya ha trascendido a los medios de comunicación, aunque "no ha sido el Govern" el que lo ha desvelado.

A finales del pasado mes, la propia Riera relacionó esta investigación con la decisión de UGT de querellarse contra el president José Ramón Bauzá, por usar a la abogacía del Govern para demandar al exsecretario general del sindicato, Lorenzo Bravo, por llamarle "facha". Ayer, la portavoz del Govern negó que resaltara por esta querella la auditoría a las ayudas a UGT y no las del resto de organizaciones.