Educación destituyó a 17 inspectores accidentales el curso pasado, al considerar Bauzá que no se estaba actuando con la suficiente dureza con los lazos por el catalán en los colegios. Este año Educación ha convocado un concurso para contratar a 13 inspectores. Se presentaron ocho de los profesionales destituidos (cinco se jubilaron y cuatro decidieron no participar en el concurso) y finalmente siete volverán a ser contratados por Educación. Además, la lista provisional de candidatos admitidos incluye cuatro nombres más, como el Gabriel Timoner, actual presidente del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar. O el de Josep Lluís Bonnín, veterano asesor del servicio de Inspección que también abandonó la conselleria cuando se destituyó a los accidentales.

El concurso fue criticado por el Consell Consultiu, STEI-i, CC OO y las dos asociaciones de inspectores, ANIE y ADIDE, ya que el secretario autonómico, Guillem Estarellas, se otorgó la potestad de elegir a la comisión evaluadora en vez de hacerlo por sorteo como es habitual en aras de la objetividad.

Tanto el STEI-i como ADIDE presentaron un recurso. Desde esta asociación rechazan las "comisiones digitadas" y la apuesta de Educación por los inspectores accidentales en vez de convocar oposiciones: "Este trabajo no puede estar sujeto a los designios de los políticos de turno", argumentaron. También criticaron el dispendio que ha supuesto el traslado de la jefa de inspección de Valencia, miembro de la comisión de evaluación durante este proceso tal y como publicó este diario. Según cálculos de ADIDE en base a la normativa de dietas, la participación de la valenciana ha costado a la comunidad casi 6.000 euros entre traslados, hotel, dietas y la cantidad que les corresponde cobrar como miembro del tribunal.

De todas formas, ahora, una vez casi finalizada la convocatoria y a pesar de seguir en desacuerdo con la forma, ADIDE ha constatado que el concurso se ha realizado de una forma "correcta" y se muestra satisfecha con el procedimiento desarrollado.