Aunque teóricamente Antonio Alemany, el periodista de cabecera del expresident Matas, debería ingresar en prisión la próxima semana, este plazo no va a cumplirse. La defensa del autor de los discursos del antiguo ministro del PP va a presentar un recurso contra la decisión adoptada el pasado jueves por el tribunal que juzgó el caso. La Sala dio inicio al procedimiento para ejecutar la sentencia, una vez que el fallo, tras el pronunciamiento del Supremo, ya es firme.

Aunque el Tribunal Supremo le ha declarado culpable y la pena que le ha impuesto supone el ingreso en prisión, Alemany está buscando otras fórmulas legales para evitar entrar en la cárcel. Y en estos momentos la única posibilidad que le queda es solicitar un indulto al Gobierno.

Aunque no hay ningún requisito legal que lo exija, las dos salas penales de la Audiencia tienen por costumbre congelar el ingreso en prisión, siempre y cuando la pena a cumplir sea inferior a los tres años. Esta medida se adopta ante la posibilidad de que el indulto se acepte y se comunique una vez que el acusado ya ha cumplido toda la pena de prisión. Para evitar este problema, el ingreso se paraliza hasta conocer la decisión del Gobierno.

La tramitación del indulto sigue un cauce establecido por la ley. Antes de que el Gobierno se pronuncie sobre esta petición, se solicita un informe al tribunal que ha dictado la sentencia para que manifieste su opinión. También debe pronunciarse la fiscalía, que no parece muy dispuesta a informar a favor de que se le conceda esta medida de gracia al periodista Alemany.

Toda la tramitación se realiza desde el Ministerio de Justicia. Una vez recabada toda la información los funcionarios llevan el tema al Consejo de Ministros, para que dicte la resolución definitiva. El periodo mínimo para que un indulto se resuelva es de un año, aproximadamente.

Aunque ahora Alemany no ingrese en prisión, en el caso hipotético de que el Gobierno entienda que no hay motivos para reducir la condena al periodista, la Audiencia volverá a ordenar su entrada en la cárcel.

No se descarta también que el periodista lleve su caso ante el Tribunal Constitucional.