La huelga que ayer se celebró en la educación balear no se libró del tradicional baile de cifras que habitualmente se da entre los convocantes y las entidades contra las que se dirige la protesta. Según los sindicatos, el seguimiento del paro entre el profesorado rozó el 91%, excluyendo a aquellos docentes que estaban obligados a acudir a su puesto de trabajo por estar afectados por los servicios mínimos. Según el Govern, ese porcentaje se limitó a un 22%, aunque reconociendo que no se tenía en cuenta en esta tasa el personal que no podía legalmente respaldar la protesta por estar sujeto a esos ´mínimos´ o que se encontraba de baja por enfermedad.
En concreto, el director general de Planificación, Bartomeu Isern, señaló que sus datos habían sido aportados por los secretarios de cada centro con el visto bueno de los directores, y correspondían al personal al que se le van a aplicar los descuentos salariales por estar de huelga. Según ese informe, un 22,2% de los profesores respaldaron el paro, aunque el apoyo fue muy superior en los centros públicos, con un 27,1% de los docentes, frente al 8,6% de los colegios concertados. En el caso de Mallorca, estas tasas fueron del 24,6% y del 9,2% respectivamente.
Las diferencias con los datos facilitados por sindicatos y la Asamblea de Docentes son abismales. Según los convocantes de la huelga, el apoyo alcanzó al 91% del profesorado, con un porcentaje que se eleva hasta el 93,6% en los centros públicos de Primaria y que se acerca al 90% en los de Secundaria, mientras que en los concertados baja hasta el 52,3%, según las cifras facilitadas por el sindicato STEI.
Pero también dentro del sector privado-concertado hay diferencias, con un apoyo al paro muy superior en los colegios de las cooperativas, que se movió en torno a un 86% según apuntaron tanto la asociación que los representa como los sindicatos, frente a una tasa muy poco significativa en los de titularidad religiosa.
Según el asesor de la patronal Escola Catòlica, Marc González, este bajo respaldo a los paros en sus colegios se explica por la decisión adoptada de no aplicar el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) de la forma que exige el decreto ley aprobado por el Govern, al considerar que con él se vulnera la legislación nacional de educación. En estos centros se ha decidido que se va a mantener su anterior proyecto educativo, que en muchos casos incluye más horas lectivas en catalán que en castellano.
Causas de las diferencias
Según la Asamblea de Docentes y los sindicatos, la causa de las diferencias entre sus cifras y las del Govern es simple: este último no tiene en cuenta que se habían fijado unos servicios mínimos que afectaban al director del centro, al secretario y, en el caso de la Educación Primaria, al 30% de los profesores, y al 25% en Secundaria.
Este personal se vio obligado a ir a los colegios e institutos, pero se limitó a cuidar a los alumnos que acudieron a ellos, sin impartir sus clases, según destacó el portavoz de la Asamblea, Guillem Barceló. Igualmente, los trabajadores enfermos aparecen contabilizados por el Govern como personas que no han apoyado la huelga. De este modo, los convocantes señalan que el seguimiento del 91% corresponde a las personas que estaban en disposición de respaldar la huelga y que han decidido hacerlo .
Este último dato fue defendido igualmente por las organizaciones que agrupan a los directores de centros de Enseñanza Primaria y Secundaria, desde las que se destacaron las muestras de apoyo que se recibieron por parte de los padres.
