La juez Carmen Abrines, que instruye el llamado caso Voltor, ha apreciado indicios de delito de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa en la operación que se realizó desde la conselleria de Turismo al abrir una cuenta en un banco privado, en el que se invirtieron 1.200.000 euros de dinero público, sin obtener ningún beneficio económico para el contribuyente.
La juez implica en esta causa al exconseller de Turismo en la pasada legislatura, Francesc Buils; al expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer; al excontable de la formación, Álvaro Llompart, y al trabajador de la entidad financiera Carlos Otero. El fiscal había pedido la imputación de estos mismos cuatro imputados.
Plan para evadir el control
El auto firmado por la magistrada abre el camino para la apertura de juicio oral contra los expolíticos. La juez sostiene que los tres exmiembros de UM idearon un plan para que este dinero que administraba la conselleria de Turismo escapara del control público.
A pesar de que existía una orden expresa de que la Conselleria no podía abrir ninguna cuenta en la entidad Banif, los dirigentes de Turismo y a la vez del extinto partido Unió Mallorquina, ingresaron esta suma, que estaba antes en otras cuentas. La magistrada afirma que el dinero que teóricamente debía generar este fondo nunca se destinó al beneficio público, sino que se dedicó a los intereses personales de los imputados o de UM.
Pese a que se trataba de una cantidad económica tan elevada, que después se recuperó, la entidad financiera no entregó ningún tipo de interés por este fondo. La magistrada calcula que los intereses que se generaron, y que no se cobraron, habrían alcanzado los 30.871 euros, si el dinero se hubiera dejado ingresado en la cuenta donde inicialmente se había depositado.
