La ley del aborto siempre suscita controversias, y el aforo casi repleto que registró ayer el Club de este rotativo así lo atestigua. Durante el debate, los expertos convocados a él resaltaron que desde la aprobación de la ley de plazos, vigente en este país desde julio de 2010 y que no obliga a las mujeres a alegar ningún problema de salud para acogerse a este derecho hasta las primeras catorce semanas del embarazo, el número de abortos ha descendido.

De la misma manera, los expertos presentes ayer señalaron la incongruencia que supondría volver atrás ahora con una legislación más restrictiva que impidiese, como ya ha sondeado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, abortar en casos de malformaciones graves en el feto. "¿Para qué se hacen ahora entonces las ecografías y las pruebas de amniocentesis?", se preguntaron los debatientes.

El ginecólogo de Son Espases Miguel Reyero resaltó que mientras que en el año 2008, periodo en el que las mujeres debían alegar un riesgo grave para su salud mental para poder abortar, se produjeron 115.812 abortos, 11,78 interrupciones por cada mil mujeres, dos años después, con la nueva ley de plazos ya vigente, el número de abortos se redujo hasta los 113.031, 11,49 por cada mil mujeres.

De la misma manera, Reyero reveló que si con la vieja ley, la de supuestos, el porcentaje de mujeres que alegaba fingidamente un riesgo para su salud como motivo para someterse a esta intervención era del 96,74%, con la de plazos se ha reducido hasta el 42,88%.

También recalcó el ginecólogo que, en Balears, tras unos inicios titubeantes del Govern del PP, la prestación se ha estabilizado y la mayor parte de los seis hospitales públicos del archipiélago la garantizan a las mujeres que decidan dar este paso. No obstante, emplazó a estar alerta y actuar y protestar en caso de que el Ejecutivo de Rajoy decida reformar la ley sin debate, vía real-decreto.

Anteriormente, la médico y activista Jimena Jiménez recordó todo el trabajo realizado por un colectivo de mujeres mallorquinas desde comienzos de la democracia con la creación de un centro de planificación familiar en Palma que llegó a acumular hasta 4.000 historias médicas de mujeres y que el alcalde Ramón Aguiló clausuró en 1979, hecho por el que tuvo que afrontar un juicio seis años más tarde del que salió absuelto. Ayer, Jiménez se preguntó en voz alta si cuarenta años después tendría que volver a pelear por el derecho de las mujeres a decidir cuándo y cómo ser madres.

Abrió el debate la maestra Cristina Ferrer, especialista en mujeres republicanas, que recordó el decreto aprobado por la Generalitat catalana el 9 de enero de 1937 que regulaba la interrupción voluntaria del embarazo y tras el que estaba la ministra de Sanidad Federica Montseny, que infructuosamente intentó implantarlo también a nivel nacional.

Una normativa que ya contemplaba abortos terapéuticos por problemas físicos o mentales de la madre, por malformación del feto, por razones sentimentales o éticas de la progenitora o por limitación de la natalidad. Un decreto que fijaba la red pública para realizarlos y que impedía a los médicos que trabajaban en ella objetar. Una legislación a la que la primera que se acogió fue una joven de 25 años que ya había tenido dos hijos discapacitados psíquicos y cuyo marido se encontraba en el frente.