La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, ha decidido que la institución recurra la sentencia que anuló la protección patrimonial del edificio de Gesa, pero ha subrayado que lo hará contra su voluntad para evitar perjuicios a las arcas insulares.

"Ningún funcionario de la casa nos ha querido hacer un informe que nos diga que no teníamos que recurrir", ha manifestado Salom en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al alcalde de Palma, Mateo Isern.

La presidenta del Consell ha recalcado que su opinión, como la del conjunto del PP, es que el edificio "se tiene que derribar", pero que no tiene "más remedio" que proponer que se apele ante el Tribunal Superior de Baleares contra su descatalogación, lo que hará en un pleno extraordinario convocado para el próximo lunes.

Isern ha elogiado la decisión de Salom, pese a creer que el mantenimiento del inmueble es negativo para la ciudad, porque demuestra que "el PP pone por encima de sus intereses de partido los de los palmesanos y mallorquines, y no siempre ha sido así".

Salom ha recordado que en la pasada legislatura, a partir de un informe de la Comisión de Patrimonio de la institución avalado por el Colegio de Arquitectos, el pleno del Consell de Mallorca aprobó a declaración como Bien Catalogado del edificio diseñado por Josep Ferragut.

La decisión, que contradecía el criterio de los técnicos del Ayuntamiento de Palma, fue aprobada con los votos de PSIB, PSM y UM y con la oposición de los consellers del PP, y de ella se ha derivado "toda una serie de consecuencias" que condiciona cualquier actuación del actuar gobierno insular.

"Nos gustaría no recurrir la sentencia", pero esa decisión debería tener un aval técnico que ningún funcionario del Consell ha estado dispuesto a asumir; por contra, han aconsejado "defender los acuerdos tomados" por la institución, ha expuesto Salom.

El alcalde Isern ha incidido en que "el Ayuntamiento de Palma siempre ha contado con informes negativos contra la protección" del edificio y ha destacado que la descatalogación del edificio daría un gran margen de negociación al gobierno municipal para alcanzar acuerdos con todas las empresas involucradas en la remodelación de la fachada marítima de la capital.

"Yo seguiré haciendo todos los esfuerzos para intentar llegar a un acuerdo sobre la fachada marítima", ha insistido el primer edil, quien ha recordado que en los tribunales están pendientes de resolverse "16 ó 17 pleitos" referidos a la modificación del plan general y a la reparcelación del área.

Respecto a la posibilidad de que el proceso judicial continúe una vez resuelta la apelación que planteará el Consell, Isern ha asegurado que "una sentencia del Tribunal Superior abriría un escenario absolutamente distinto".