Maria Antònia Munar vuelve a enfrentarse a un nuevo problema judicial. La fiscalía Anticorrupción ha solicitado su imputación en la causa por la contratación de afiliados o simpatizantes de Unió Mallorquina en la empresa pública de informática Cilma, que realizaron tareas para UM. Munar, que tiene otros frentes judiciales abiertos en otros juzgados de instrucción de Palma (caso Maquillaje y caso Can Domenge) podría ser acusada de un delito de malversación de caudales públicos.

La pasada semana la juez del juzgado de instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, tomó declaración a una docena de personas que fueron contratadas por Cilma y que se dedicaron, según han reconocido, a trabajar para el partido que presidía Munar. La mayoría se dedicaron a realizar a pie de calle encuestas electorales. La información que se obtenía se utilizó en UM para conseguir más votos en las elecciones de 2007. El partido consiguió unos resultados electorales que le permitieron tener la llave de la gobernabilidad en Balears.

Estos simpatizantes del partido cobraron su sueldo a través de unos fondos que procedían de un convenio firmado por el Consell de Mallorca y el ministerio de Administraciones Públicas. Teóricamente el dinero se debía destinar a un proyecto para conocer las necesidades de los municipios de Mallorca y se había previsto contratar a personal para que hiciera encuestas entre la población.

Pago de sueldos

Estas encuestas sí se realizaron, pero apenas quedó dinero para contratar a empleados, ya que la mayor parte de los fondos que se obtuvieron de Madrid se destinaron al pago de las nóminas de los afiliados de UM que se dedicaron a buscar información electoral. Los investigadores han constatado que este convenio de colaboración lo firmó Maria Antònia Munar como presidenta del Consell de Mallorca, por lo que teóricamente era la máxima responsable de controlar que el dinero que se recibió se destinara al proyecto y no al beneficio electoral del partido que ella presidía.

Munar no será la única política de UM que tendrá que defenderse de este nuevo frente judicial. Anticorrupción también solicita la imputación formal de los exconsellers del Govern Francesc Buils y Mateu Cañellas, el ex director general del Ejecutivo balear, Josep Lliteras, y la directora insular de Emergencias, María José Rodríguez.

Los hechos que se están investigando se produjeron entre los años 2006 y 2007. En ese momento Unió Mallorquina presidía el Consell y el máximo responsable de la empresa informática Cilma era Francesc Buils, que ocupaba el cargo de presidente. Anticorrupción sospecha que el exconseller de Turismo fue quien dio las órdenes al gerente de Cilma, Eugenio Losada, para que aceptara estas contrataciones a pesar de que se trataba de personas que nunca trabajaron para la empresa.

Sobre Lliteras, hay dos personas que han reconocido que fueron contratadas directamente por el exdirector general del Govern y este les indicaba el lugar donde debían realizar las encuestas electorales. Uno de los contratados fue un conocido cantante de tangos. Estos imputados le entregaban las encuestas en la sede de UM.

Dos encausados también han implicado a la exdirectora insular María José Rodríguez en este escándalo. Afirman que les obligaba a agasajar a los jubilados de la barriada de Santa Catalina para que votaran a UM.

Mateu Cañellas fue quien dirigió la campaña electoral en Palma y contrató a varios de estos afiliados que firmaron un contrato laboral con Cilma, pero trabajaron para el partido.