La deficiente regulación del sector náutico le cuesta a Balears cientos de millones de euros en inversiones que no se ejecutan y en impuestos que no se cobran, según denunció ayer el presidente de la federación que agrupa a las empresas vinculadas a esta actividad, Bartomeu Bestard. Y todo ello ante la pasividad de un Govern al que se acusó de no defender los cambios necesarios "frente a Madrid", según añadió.

El presidente de la Federación de Empresas Náuticas de Balears denunció los daños que ocasiona la fiscalidad española, la única que aplica un impuesto de matriculación que grava el 12% del valor de la embarcación y de su equipamiento. Bestard afirmó que en 2009 hubo 123 declarantes por este concepto en las islas, lo que supuso el pago de 1,5 millones de euros. Pero advirtió que esta carga está provocando que muchos barcos se estén adquiriendo fuera de nuestro país, y que empresas chárter eviten instalarse en el archipiélago, lo que provoca pérdidas muy superiores a los citados ingresos.

Del mismo modo, las incertidumbres existentes sobre el futuro de las 19 instalaciones náuticas de Balears dependientes del Estado, cuya concesión concluye en 2018, están paralizando inversiones por parte de sus titulares que se cifraron entre los 200 y los 300 millones de euros.

Críticas al Govern

Y todo ello está ocurriendo sin que el Govern reaccione, según se indicó, al tiempo que se le acusó de no tener en cuenta la trascendencia de este sector para la economía isleña "por prejuicios ideológicos" –que se asignaron especialmente al PSOE–, al vincular la náutica deportiva con las clases de mayor poder adquisitivo, un planteamiento que fue criticado por considerar que el turismo náutico es fundamental para desestacionalizar la economía isleña.

Bestard reclamó un mayor apoyo del Ejecutivo autonómico, tanto a la hora de reivindicar cambios normativos ante el Estado como para que estas empresas puedan estar representadas en la Autoridad Portuaria y en Ports de Balears.

Al respecto, se lamentó que el president Francesc Antich únicamente haya recibido en una ocasión, al principio de la actual legislatura, a representantes de este sector, para luego derivarlos a la consellera de Turismo, Joana Barceló; o a la de Industria, Francesca Vives. De la misma forma, se criticó la forma en que se ha aprobado el reglamento que desarrolla la Ley de Puertos de Balears, al asegurar que no ha sido consensuado previamente. Por ello, se reclamó que sea modificado por el Govern que salga de las próximas elecciones autonómicas.

Estas declaraciones fueron realizadas por Bestard acompañado de otros representantes empresariales, como Margarita Dahlberg, de la asociación de empresas náuticas; Luis Comenge, de la patronal de centros de buceo; Diego Colón, de grandes yates; Cristina Sastre, de los chárter náuticos; Patrick Reines, de instalaciones náuticas; o Miguel Suñer, de los clubes náuticos, entre otros. La Cámara de Comercio sumó su apoyo a las reivindicaciones de este colectivo.

También se puso de relieve la necesidad de adoptar medidas en el puerto de Palma para ganar espacio que pueda ser utilizado por estas empresas. Aunque se insistió en la necesidad de proceder a la ampliación de la zona portuaria, se señaló que a la espera de conseguir la financiación suficiente, se debería poner en marcha una reordenación del suelo ahora disponible, ya que hay explanadas infrautilizadas debido a que la mayoría de las mercancías que entran lo hacen en camiones y ya no en contenedores, lo que ha reducido la acumulación de estos últimos.