El grupo ecologista GOB ha denunciado hoy que los proyectos técnicos de las cuatro primeras fases de la Vía Conectora prevén que el material para ejecutarla provenga en parte de dos canteras ilegales situadas en Felanitx, las de Can Gallet y Can Centes-Can Alou.
La entidad ha pedido responsabilidades a la institución insular en un comunicado y ha señalado que la previsión de usar material de dos canteras que, en opinión del Gob, incumplen la Ley de Espacios Naturales de Baleares, se une a otras razones para que no se lleve a cabo la infraestructura como su alto coste o su elevado impacto sobre el medio.
El GOB ha pedido al Consell de Mallorca que retire el proyecto en el pleno que celebra hoy la institución y ha criticado que ya se haya publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) la aprobación inicial de los primeros tramos.
Esos cuatro tramos son el desdoblamiento de la MA-30 entre Son Ferriol y la carretera de Inca; los nuevos accesos a Son Ferriol y Son Llàtzer y sus enlaces con Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 y Ma-30; la mejora de los accesos a la autovía de Llevant en Mercapalma, Carrefour, Coll de'n Rebassa, Camí Fondo (Ma- 5011) y Ma-30; y los acceso desde la MA-13 a Alcampo, en Marratxí.
El GOB ha insistido en su rechazo de que el material se vaya a extraer en parte de dos canteras (Can Gallet y Can Centes-Can Alou) que la entidad ecologista denuncia desde 1999 por considerar que se extienden sobre zonas catalogadas como ANEI y ARIP y por tanto con protección medioambiental.
Según el GOB, ambas carecen de las autorizaciones pertinentes del Consell y el Ayuntamiento de Felanitx indispensables para poder ejercer la actividad de extracción y hay indicios de que exceden el ámbito de explotación que les asignó en su día la Dirección General de Industria del Govern.
El GOB ha recordado además los argumentos técnicos por los que rechaza la infraestructura como son que carece de un estudio de movilidad previo que lo justifique, esta sobredimensionado y se ha tramitado de forma fraccionada incumpliendo la normativa de evaluaciones de impacto ambiental.
Reclaman que el proyecto se retire y que se tramite en un solo proyecto y que se elabore en función de criterios exclusivamente técnicos y no políticos. También piden el cese del director general de Carreteras, Ernesto Santamaría, como responsable del mismo.
El GOB ha recordado varias cifras sobre el proyecto como que costará 157 millones de euros, 50 más de lo planeado en el Convenio de Carreteras, que tiene una longitud de 15 kilómetros y 24 metros de anchura, 14 puentes y 30 enlaces no previstos en el Plan de Carreteras de Mallorca y que supondrá "253 hectáreas más sepultadas por el asfalto"
