A los padres de Simón, de cuatro años de edad, les comunicaron que su hijo tenía diabetes en 11 de marzo de 2009. A los de Víctor, de la misma edad, en septiembre de ese mismo año. Sus penurias se atenuaron en parte cuando a los pequeños se les instaló una bomba de insulina, respectivamente, en octubre de 2009 y julio de este mismo año. Este mecanismo suministra la dosis necesaria de insulina, ayuda a mantener en niveles saludables la glucosa en sangre en una enfermedad crónica de difícil control y tan sólo se requiere manipularla antes de cada comida para suministrar pequeñas dosis de insulina que controlen las puntas de azúcar provocadas por esta ingesta puntual de alimentos.

Pues bien, este pequeño "inconveniente" está amargando la vida a sus progenitores. Pese a que las conselleries de Salud y Educación firmaron en 2007 un convenio con la Asociación de Personas con Diabetes de las Illes Balears (ADIBA) por el que ambos departamentos se comprometieron a garantizar el control y el seguimiento de los niños diabéticos en el medio escolar. En el convenio se establecía que entre los centros educativos y los centros de salud más próximos a éstos se coordinarían para garantizar un desarrollo escolar normal a estos niños con este trastorno metabólico.

"Papel mojado", piensan hoy en día Mar Valera y Rafael Ruiz, padres de Simón, y Paula Oliver y Víctor Santamaría, progenitores de Víctor, ya que cada mañana han de desplazarse antes de la merienda matinal de sus hijos para dosificarles la insulina necesaria previa a la ingesta de este alimento. En el colegio nadie se quiere hacer responsable del suministro de esa medicación y en los centros de salud cercanos se escudan en el poco personal y en la imposibilidad de enviar a una enfermera al centro escolar cada mañana. Ambos colectivos, sanitario y educativo, alegan desconocimiento a la hora de manejar un aparato, la bomba de insulina, que los padres afectados no dudan en calificar como "el futuro" para que la diabetes infantil esté perfectamente controlada desde sus inicios y no ocasione las complicaciones provocadas por un mal control de la enfermedad que tan onerosas salen a la larga al sistema nacional de salud –ceguera, amputaciones de miembros por mala circulación, tratamientos de diálisis, etcétera–.

"El Ib-Salut nos dice que no es competencia suya, que es de Educación. Y se escudan en el caso de un niño con bomba de insulina en el colegio público Blanquerna de Marratxí, al que la institución educativa sufraga el gasto de una enfermera para que manipule la bomba y el pequeño reciba su dosis de insulina. Pero lo que no dicen es que a los padres les costó una gran lucha conseguir este servicio. A nosotros nos están mareando de una Conselleria a otra", denuncia Mar Valera, que explica que las auxiliares educativas que se ocupan de los niños con problemas no tienen ningún reparo a la hora de hacer las glucemias (mediciones del nivel de azúcar en sangre) a los niños, pero que otra cosa muy distinta es manipular la bomba y suministrar la medicación a los menores. Para eso llaman a sus padres.

El caso de Paula Oliver es más drástico porque su hijo va al colegio público de Son Ferriol, centro educativo situado a cincuenta metros del centro de salud de este núcleo urbano de Palma: "He calculado el tiempo que tardaría una enfermera en ir al colegio, ponerle la insulina y volver al centro de salud. No más de siete minutos en total. Con esta situación, cuando me toca el turno laboral de mañana, mi hijo no va a clase. Y tengo que hacer malabarismos para andar cambiando turnos con mis compañeros", se queja.

Las excursiones escolares están vedadas para ambos niños. "Necesitan un mayor control durante ellas. Se salen de la rutina, corren como locos, les baja el nivel de azúcar, hay que estar más atentos", denuncian estos padres enganchados a la enfermedad de sus retoños. Otro imposible para ellos es lo de quedarse a comer en el colegio. "Nadie les pesa las raciones de comida y les suministra la insulina necesaria en cada caso. ¿Es esto normalidad escolar para los niños diabéticos", se preguntan estos padres que al menos han conseguido que a sus hijos no se les aparte del resto de compañeros como apestados cada vez que se les hacen las glucemias o llega uno de los padres para manipular una sencilla bomba.

"El problema lo tenemos ahora. Cuando los niños tengan un poco más de uso de razón manipularán ellos mismos las bombas", razonan estos padres indignados que advierten que este doble problema se agravará el próximo año con la escolarización de una niña de dos años que también lleva una bomba adosada. Y no estamos hablamos de una terrorista islámica.