El magistrado Miquel Florit ha archivado las diligencias del llamado caso Plan Territorial de Mallorca (PTM),tal y como adelantó DIARIO de MALLORCA. Esta resolución en principio no será recurrida por la fiscalía, ni las defensas.
El juez Florit postula que la solicitud de archivo formulada por la fiscalía anticorrupción le vincula a la hora de dar por cerradas las pesquisas. El caso Plan Territorial se abrió tras presentar la fiscalía una denuncia en diciembre del 2007.
Inicialmente la Guardia Civil fue comisionada para investigar una serie de presuntos pelotazos urbanísticos que se habrían producido con ocasión de las llamadas áreas de reconversión territorial (ATR), un mecanismo de trasvase de derechos urbanísticos entre distintos municipios de Mallorca.
La fiscalía anticorrupción presume que las normas de ordenación territorial, lejos de buscar una mayor protección del medioambiente, o de servir a los intereses generales, fueron elaboradas por "los responsables políticos, junto a las compañías constructoras y promotoras inmobiliarias, en función de los intereses de estas últimas".
Sin embargo, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau decidieron, previa consulta con sus superiores de la fiscalía anticorrupción nacional, reclamar el archivo del caso al entender que no hay indicios para acusar a políticos o empresarios concretos del supuesto entramado de corrupción.
La fiscalía también llegó a la conclusión de que las ART se convirtieron, gracias a estos supuestos trapicheos de información privilegiada a cambio de presuntos sobornos, "en un claro ejemplo de urbanismo a la carta".
"En su concepción las ART estaban destinadas a revitalizar zonas turísticas maduras (...), en vez de buscar zonas donde resultase adecuado un cambio de uso, se han encontrado terrenos propicios para urbanizar a cambio de elementos anecdóticos, como se puede ver al analizar cada ART en concreto", afirma la fiscalía.
La decisión judicial de sobreseer la causa afectará a dos políticos que declararon en calidad de imputados: Jaume Font, conseller de Medio Ambiente en el anterior Govern del PP y representante de ese partido en las reuniones con Unió Mallorquina para la elaboración del PTM; y Bartomeu Vicens, conseller de Territorio en el anterior Consell de Mallorca y negociador por UM del PTM con el PP. Los promotores Vicenç Grande y Mateo y Cristóbal Sastre, dueños de Ibercon, también serán exonerados de culpa.
En el sumario declararon como testigos varios políticos de UM y el PP, entre ellos las ex conselleras del Govern de Matas Rosa Estarás y Mabel Cabrer; y el antiguo conseller de Medio Ambiente de UM, Miquel Àngel Grimalt.
También testificaron técnicos del Consell y de otras administraciones, así como especialistas de una consultoría externa que intervino en la redacción del PTM.
La fiscalía se ha lamentado de la gran confusión creada en torno a la génesis de las ART por parte de los políticos y los técnicos interrogados. Las contradicciones han sido flagrantes entre ex dirigentes de UM y PP, pero los investigadores no han podido aclarar realmente quién suministró la información privilegiada sobre el PTM. Las pesquisas realizadas para tratar de averiguar si se pagaron sobornos a políticos por los promotores tampoco han dado resultados.
