El juicio del caso Royaltur, por una presunta estafa en la compra venta de la cadena hotelera del mismo nombre, ha quedado hoy visto para sentencia, después de que Rafael Perera, el abogado del querellante Jaime Moll, haya asegurado que la operación fue "una puesta en escena" para engañar a su cliente.
Perera ha ofrecido un extenso alegato de conclusiones en nombre del ex hotelero Jaime Moll, ante tribunal la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma que preside el magistrado Antoni Catany, en el que ha pedido una sentencia condenatoria para los querellados, a quienes ha acusado de haber "urdido" toda una "puesta en escena" para engañar a su cliente.
El juicio celebrado desde el lunes y que ha concluido hoy ha encausado a los antiguos directivos de la inmobiliaria Alcázar y de la Banca March, acusados por el ex propietario del grupo hotelero Moll, Jaime Moll, de supuesta estafa al haberle extorsionado y forzado a firmar la venta de la cadena de hostelería.
Según Moll, los acusados -Juan Piguillem y Juan Bautista Llorens, consejero delegado y director general de la inmobiliaria Alcaraz, respectivamente, y Simón Galmés y Antonio Mascaró, ex vicepresidente y ex director general adjunto de Banca March- mermaron su capital entre 1993 y 1995 de unos 18.000 millones de pesetas a 2.340 mediante varias operaciones financieras.
Perera ha afirmado hoy en sus conclusiones que "el señuelo" para ejecutar la estafa fue "la salida a bolsa del grupo Royaltur", que el fue prometida a Moll por los acusados.
Como acusación particular, el abogado ha confirmado su petición de seis años de cárcel para los cuatro ex directivos de Alcázar y Banca March.
Los abogados de la defensa han solicitado la libre absolución de los acusados y han coincidido en reclamar al tribunal que los costes del juicio recaigan en el querellante, Jaime Moll.
La fiscalía había solicitado ayer una sentencia absolutoria para los cuatro acusados en el caso Royaltur, por presunta estafa en la venta de la hotelera mallorquina, ya que considera que no se ha acreditado la existencia de delito.
