El PP registró esta mañana en Delegación de Gobierno el escrito mediante el que solicita la creación de una Comisión de investigación tanto en la propia Delegación, como en el Ministerio de Interior, para tratar de aclarar lo sucedido con los detenidos del Palma Arena y "depurar, hasta las últimas consecuencias, las responsabilidades que pueda haber".
El partido, de esta manera, desea aclarar el trato "inhumano" que dio la Policía Nacional a cinco de los detenidos en el marco del caso Palma Arena, entre los que se encontraban el portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, y el ex director general de Deportes del Govern en la pasada legislatura, José Luis 'Pepote' Ballester.
En una misiva dirigida al delegado del Gobierno, Ramon Socías, la presidenta de los 'populares', Rosa Estaràs, criticó que desde el primer momento del caso se realizó un "juicio paralelo" mediante "filtraciones interesadas y una condena pública" de las personas implicadas vinculadas al PP.
Asimismo, remarcó que es "especialmente significativo" el trato recibido por Durán puesto que, según afirmó Estaràs, en el momento en que declaró su voluntad de prestar declaración ante el juez, su situación empeoró hasta el punto que "se agotó el periodo de reclusión hasta el máximo permitido" de 72 horas y, además, se le trasladó esposado y en condiciones "destinadas a los delincuentes más peligrosos".
La líder de los 'populares' también lamentó que durante el traslado de los detenidos, no se evitase que las imágenes fuesen captadas por los periodistas y fotógrafos allí congregados, hecho que, según el PP, hubiese permitido salvaguardar su "honorabilidad y presunción de inocencia".
El pasado día 11 la formación ya anunció la petición de la puesta en marcha de una Comisión de Investigación al considerar que se "conculcaron sus derechos humanos", después de que los cinco arrestados permanecieran en los calabozos durante 72 horas "infernales" y fueran conducidos esposados a los Juzgados de Vía Alemania, donde, finalmente, fueron puestos en libertad bajo fianzas que oscilaron entre los 15.000 y los 50.000 euros.
Estarás explicó que también se debe determinar por qué se "conculcó" la orden del delegado del Gobierno, quien pidió que no se esposara a los cinco arrestados en la Operación Espada para evitar un "espectáculo mediático" con los dirigentes del PP.
