14 de enero de 2009
14.01.2009

Ferrà Tur cree en la viabilidad del proyecto y Núñez dice que se confirma la "irregularidad"

14.01.2009 | 01:00
En primer término, el empresario Pedro Ferrá Tur.
Dos empresarios con opiniones distintas. El constructor Pedro Ferrá Tur, adjudicatario junto a Sacresa del solar de Can Domenge, cree que el proyecto para construir más de 500 viviendas diseñadas por el arquitecto Jean Nouvel "era viable pese a los inconvenientes que presenta el actual mercado inmobiliario". Ferrá Tur recuerda que la promoción inmobiliaria "no era para su puesta en venta en 2009", sino tiempo después.
Ferrá Tur no quiso hacer valoraciones sobre la decisión adoptada por el Consell de Mallorca ya que considera que esa tarea corresponde al socio mayoritario de este proyecto, la firma catalana Sacresa, de la familia Sanahuja. Por su parte, un portavoz de Sacresa declinó ayer hacer comentarios hasta no disponer en sus manos la resolución de la institución insular.
Quien sí se manifestó fue el representante legal de Núñez y Navarro. A su juicio, la decisión del Consell de Mallorca de resolver el contrato de adjudicación del solar de Can Domenge a la unión temporal de empresas constituida por Sacresa-Ferrà Tur confirma las "irregularidades" que rodearon el concurso y que llevaron al empresario Josep Lluís Núñez a presentar una querella contra la Institución Insular.
Núñez y Navarro participó en el concurso convocado por el Consell en 2006 para vender los terrenos de Can Domenge y pese a que ofreció 60 millones de euros, el solar fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Sacresa-Ferrà-Tur por la mitad (30 millones). Por ello, el empresario presentó una querella contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Maria Antònia Munar, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental.
Ayer, tras conocer la decisión de la presidenta del Consell, Francina Armengol, de rescindir el contrato a la UTE, el abogado de Núñez y Navarro, Rafael Jiménez Mera, aseguró que dicha decisión "nos da totalmente la razón cuando denunciamos que el proceso no fue claro". Una decisión que, sin embargo, se produce después del incumplimiento de los plazos de construcción de las viviendas establecidos en el concurso. La presidenta insistió por tanto en que la rescisión del contrato no está relacionada con el proceso de la adjudicación del concurso a la citada UTE.
Un hecho que Jiménez interpretó como una "fórmula elegante" de la actual administración para no echar tierra sobre el anterior equipo de gobierno (UM), pero que, reiteró, confirma que el concurso no se hizo con la legalidad deseada.
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