Miquel Nadal, designado ayer conseller de Turismo del Govern y vicepresidente del Consell de Mallorca en la pasada legislatura por Unió Mallorquina (UM), se reunió en mayo del 2005, ocho meses antes de la publicación del concurso oficial para enajenar los solares que dicha institución tenía en Can Domenge, con dos altos ejecutivos de la empresa catalana Sacresa, que finalmente se adjudicó dichas parcelas. Mario Sanz Bernal y Joan María Pujals Vallvé, que entre 2005 y 2007 fueron gestores de Sacresa, declararon ayer como imputados en el juzgado de instrucción 12 por la presunta trama de corrupción político-empresarial.

Básicamente, el juzgado y la fiscalía anticorrupción tratan de esclarecer si los ganadores del concurso tuvieron información privilegiada a cambio de sobornos.

Sanz Bernal, que era director general de la compañía, explicó que su empresa se enteró de las intenciones del Consell de vender los terrenos próximos al Palma Arena por una información periodística publicada en abril del 2005.

Sacresa vio en aquella noticia un futuro negocio para su política de expansión en Mallorca y decidió realizar dos operaciones: contactar con el vicepresidente del Consell Nadal y empezar ya a buscar arquitectos para que hicieran lo que en el argot se llama como un "master plan" , una especie de boceto o pre-proyecto.

Los dos imputados narraron ayer cómo Nadal les recibió en su despacho oficial en mayo del 2005, ocho meses antes de que el Consell convocara, en plenas fiestas navideñas, el concurso para la venta de los terrenos. Según los encausados, el dirigente de UM les confirmó la intención del Consell de enajenar los solares para un proyecto urbanístico de calidad, algo que fuera "singular" para la ciudad. El entonces vicepresidente de la institución insular no les habría facilitado más detalles sobre la operación, pero sus palabras sirvieron para acelerar el negocio. Sacresa fichó al prestigioso arquitecto francés Jean Nouvel y a sus compañeros españoles Ribas, técnicos que ya trabajaban con ellos. Los declarantes aseguraron que les encargaron un "master plan" y les pagaron 125.000 euros de adelanto. El pago se habría hecho en julio del 2005, 6 meses antes de convocarse el concurso. Los imputados precisaron que las grandes promotoras suelen trabajar así. Sanz negó conocer a los políticos de UM Bartomeu Vicens y a Miquel Angel Flaquer, defendidos por Valdivia y Campaner, y también encausados.