La fiscalía anticorrupción, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria están rastreando las cuentas corrientes y las operaciones financieras realizadas en los últimos años por Elisabet Diéguez, una funcionaria mallorquina de la que se sospecha pudo haber actuado como testaferro del diputado de UM Bartomeu Vicens en el caso Son Oms. Al parecer, los investigadores de esta presunta trama de corrupción y cobro de sobonos y comisiones han detectado ingresos llamativos y periódicos en una cuenta de Diéguez, cuyo domicilio en la calle San Joaquín fue registrado el pasado jueves.
Diéguez ha admitido que aceptó ser administradora única de Metalumba, una empresa vinculada a Vicens y su esposa, Antònia Martorell, y que se sospecha pudo ser empleada para distribuir unos 700.000 euros producto de sobornos o comisiones ilegales.
La imputada, no obstante, tanto ante la comisión judicial que registró su casa, como ante el fiscal Juan Carrau y el Grupo de Delitos Económicos de la Policía, ha negado haber estado a sueldo o "asalariada" de los Vicens.
Diéguez, cuyo patrimonio y el de sus allegados, entre ellos su esposo Alfredo Conde, está siendo revisado minuciosamente, ha recibido en su cuenta unos ingresos de varios miles de euros que los investigadores quieren aclarar.
La mujer ha explicado que hizo de administradora de Metalumba por la vieja amistad, de más de 30 años, con los Vicens, de los que ha sido vecina durante años en los veranos.
La fiscalía presume que desde empresas manejadas por el bufete Montis se hicieron pagos a Metalumba por los 700.000 euros, dinero que luego habría sido invertido en inmuebles y otros bienes.
Del domicilio de Diéguez la Policía se llevó cajas con documentación de Metalumba y de otras empresas.
También se quiere aclarar el origen de estos últimos documentos, cuya presencia en casa de la imputada, defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, resultó igualmente llamativa para los integrantes de la comisión judicial.
