Así lo confirmó a Europa Press la profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Maria Ballester, quien recordó que el decreto de admisión de alumnos contemplado en la Ley Orgánica de Educación (LOE) obliga a los colegios privados concertados a cumplir con las condiciones legales y reglamentarias, que estipulan la prohibición de segregar a los alumnos por sexos.
Los tres colegios que se construyen en el Parc Bit pretenden separar a niños y niñas en las aulas, tal y como ya hacen otros centros educativos de la Península que pertenecen a la Fundación Educación y Familia. El problema reside en que si estos colegios reciben ayudas públicas "deberán ser muy rigurosos a la hora de admitir a los alumnos, evitando cualquier discriminación".
Ballester explicó que estos colegios justifican la separación de alumnos por sexos con criterios internos, organizativos y pedagógicos, alegando que no se produce discriminación alguna, lo que, a efectos legales, les permite realizar esta práctica y que no sea constitutiva de un delito.
Aun así, subrayó la jurista, la educación siempre deberá ser la misma para unos y otros, en cumplimiento del principio de igualdad, y nunca podrá producirse durante el proceso de admisión la exclusión de algún alumnos por razón de sexo.
"Si en clase de educación física los niños hacen actividades distintas a las niñas, habremos caído en la discriminación", remachó la jurista.
De la misma manera, si el número de alumnos preinscritos supera al de alumnas, el colegio no podrá rechazar la admisión de más niños en beneficio del sexo femenino en aras a completar las plazas disponibles. "Ello supondría una infracción de la ley y de la Constitución", señaló Ballester, que recordó que la Carta Magna española garantiza la educación para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.
Por otra parte, manifestó que otra de las irregularidades que se han producido con estos colegios es que el Govern les haya concedido una subvención cuando todavía no están en funcionamiento ni existen. Ballester dijo estar en total desacuerdo con la actuación del Ejecutivo autonómico, pues "no tiene ninguna obligación de dar ayudas a estos colegios privados que realizan estas prácticas discriminatorias".
Pese a todo, Ballester indicó que una sentencia de la Audiencia Nacional del año 2000 avala la segregación de niños en base a criterios pedagógicos u organizativo porque se trata de una política interna. No obstante, insistió, "en que desde el momento en que reciben una subvención, estos centros deberán admitir niños y niñas indistintamente; no pueden establecer limitaciones en el acceso de alumnos".
FLACO FAVOR A LA IGUALDAD
Finalmente, Ballester opinó que estos colegios hacen un flaco favor a la igualdad entre hombres y mujeres y lamentó que una administración pública conceda subvenciones a centros que realizan prácticas segregacionistas. "Los alumnos deben ser educados en la igualdad de manera que cada vez la mujer esté menos discriminada en los distintos ámbitos la sociedad", apostilló.
