El deslinde de Formentera de la orden ministerial de 21 de noviembre de 1997 ha dado pie a un buen número de recursos, que en su mayor parte el Tribunal Supremo ha fallado en favor de la dirección general de Costas. Uno de los puntos más conflictivos ha sido determinar si áreas de dunas o de sabinas de la pequeña isla eran de dominio público, como finalmente ha declarado el TS en la mayoría de los casos.