La enseñanza concertada de las islas ha iniciado su ofensiva contra la ley Celaá. Hoy ha anunciado su adhesión a la campaña emprendida a nivel nacional por el sector contra una ley que consideran que se promulga en un momento inadecuado, ataca la elección de las familias y relega la asignatura de Religión, entre otras cosas.
La plataforma Schola Libera (conformada por las patronales Escola Catòlica, CECE y Pimem-Educació, los sindicatos USO y FSIE, y las asociaciones de padres CONFAECIB y CONCAPA) así lo ha expuesto hoy en una rueda de prensa celebrada en Palma. La entidad lamenta que la LOMLOE "es una mala ley" que llega en un momento que no es el adecuado (por la situación de pandemia y el estado de alarma).
En concreto, aseguran que la norma "elimina la demanda social" y "pretende que una planificación unilateral de la Administración, sin valorar las opciones y el interés de las familias" y "se inventa" un derecho a la educación pública cuando según estos representantes del sector concertado "el único reconocido y constitucional derecho en la educación. La plataforma (de la que no forma parte Cooperatives d'Ensenyament, que integra a varios centros de enseñanza concertada de las islas) relega "todavía más" la asignatura de Religión e "impone" una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, algo que les recuerda a Educación para la Ciudadanía y consideran que puede ser "un instrumento de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres". La entidad denuncia además que la ley "cuestiona" la supervivencia de los centros específicos de educación especial "incluso ante las consideraciones de los profesionales y las familias".
Por todo ello, han explicado hoy los representantes de Schola Libera se suman a la campaña 'Más plurales', que consistirá en una recogida de firmas, concentraciones periódicas frente al Parlament, reuniones con los partidos y el uso de un lazo naranja.
El conseller de Educación, Martí March, se pronunció ayer sobre este campaña, asegurando que la nueva ley "no atenta contra los centros concertados y los centros de educación especial". Razonó que la ley aún se está tramitando y que puede haber acuerdos y, en cualquier caso, sobre las críticas por los nuevos criterios de escolarización, recordó que los centros concertados, subvencionados con dinero público, han de cumplir "con la política de equidad en la escolarización del alumnado", para contribuir así a que en la red pública "no se creen centros guetos" donde se concentren la mayoría de los estudiantes con necesidades.
