Los impagos de los créditos ICO suben a un todavía contenido 2% del total

Más de tres años después del estallido de la pandemia, los créditos bancarios con aval público del ICO creados por el Gobierno para evitar una debacle masiva de empresas, pymes y autónomos por la crisis sanitaria siguen mostrando un comportamiento más positivo del que hubiera sido esperable cuando se decretó el confinamiento en 2020, pero también registrando un esperable y progresivo deterioro. A cierre de abril, la morosidad de estos préstamos -más de 90 días de impago- había subido del 1,67% de enero (2.346,3 millones de euros en situación de impago) al 2,004% (2.815,5 millones, un 19,9% más), según un informe del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, del Grupo Prensa Ibérica. 

Dichos impagos han llevado al Estado a abonar a la banca 520,9 millones de euros (129,5 millones y un 33% más que en enero), en virtud de las garantías que concedió para lograr que la financiación siguiese llegando a la economía en las primeras fases del coronavirus. Paralelamente, las entidades han abonado al ICO 1.721,3 millones de euros como remuneración por haber recibido los avales. El saldo, por tanto, sigue siendo positivo para el Estado, si bien en algún momento se dará la vuelta previsiblemente dado el montante de los créditos en impago, que además es esperable que vaya creciendo a medida que los clientes en situación más delicada tengan más problemas para afrontar las cuotas.

El Estado, así, se comprometió a asumir el 80% de las pérdidas que causaran a los bancos los créditos morosos a autónomos y pymes y entre el 60% y el 70% en los préstamos impagados a empresas de mayor tamaño. La cantidad desembolsada es todavía baja porque la morosidad está siendo contenida, y también porque el ICO va abonando a las entidades el monto avalado de las cuotas impagadas, no de todo el principal pendiente del crédito, ante la posibilidad de que el cliente vuelva a ser capaz de hacer frente a las cuotas. 

Autónomos y pymes

El número de operaciones morosas asciende a 48.034 (39.839 en enero), concedidas a 34.135 autónomos, pymes y empresas (28.831 en el anterior informe). Dichos créditos impagados comparan con los 1.192.484 que se concedieron, con 674.922 beneficiarios que recibieron 140.737 millones de euros (de ellos, 107.187 millones avalados). Que las operaciones impagadas (4% del total) sean mayores que el montante en mora (2%) implica que los clientes que pidieron cantidades más pequeñas -normalmente autónomos y pymes- están teniendo más problemas para hacer frente a las cuotas. 

Así, la morosidad es más elevada en las micropymes (3%), autónomos (2,86%) y pymes (2,19%) que en las empresas de mayor tamaño (0,69%). La tasa total de impagos se sitúa en el 2% porque la inmensa mayoría de las operaciones (el 98% del total) se concedieron a trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas. En cualquier caso, se trata en todos los segmentos de datos bajos tanto respecto a lo esperable hace tres años como a los datos históricos de morosidad. En junio del año pasado venció el periodo de carencia de la mayoría de operaciones que se beneficiaron de la moratoria en el pago del principal, pero no se ha producido un incremento notable de la morosidad.

Por sectores, llama la atención que el de turismo, ocio y cultura presente una tasa de impagos inferior a la media (1,77%), pese a haber sido uno de los más afectados por el confinamiento. La fuerte recuperación de su actividad tras la reapertura de la economía posterior a la pandemia le ha permitido lograr una situación financiera mucho más sólida de lo que hubiera sido previsible en la primavera de 2020, algo que en mayor o menor medida es extensible al resto de sectores. Por comunidades autónomas, entre las que presentan tasas más bajas están La Rioja (0,76%), Navarra (0,83%) y Baleares (0,86%), mientras que las más pobladas se encuentran en torno a la media: Andalucía (2,06%), Cataluña (2,05%) y Madrid (2,12%).

Diferencia con el Banco de España

Las cifras del informe del ICO, que lógicamente irán creciendo en los próximos trimestres, son diferentes a las que viene dando el Banco de España debido a diferencias en la metodología de cálculo. El ICO toma como referencia la cantidad máxima de crédito otorgado porque estima que ofrece la imagen más realista. Así, se trata de una cartera cerrada a nuevas entradas (el plazo para pedir los avales finalizó en junio del año pasado), que además se va reduciendo por las amortizaciones (principalmente de los clientes más solventes). En cambio, los créditos en mora o con mayores dificultades de pago no salen de la cartera, con lo que su peso siempre tenderá a aumentar respecto al último dato de saldo vivo. Además, el ICO tiene en cuenta solo los créditos impagados, ya que son los más relevantes para la institución pues son los que le obligan a pagar a los bancos.

El Banco de España, en cambio, toma como referencia el último saldo vivo del crédito dispuesto (hay cantidades aprobadas que las empresas finalmente no necesitaron, aunque lo tenían aprobado y disponible). Además, calcula la tasa de dudosidad (no de morosidad, como el ICO), en la que se incluyen tanto los créditos impagados como los registrados en la categoría de dudosidad subjetiva (operaciones al corriente de pago pero que se considera probable que dejen de estarlo). Ello es así porque para el organismo supervisor lo relevante no es el impacto que puedan tener dichos créditos en las cuentas públicas, sino en los bancos y en la estabilidad del sistema financiero.

Según sus últimos datos, el crédito dispuesto vivo de los créditos ICO bajó en marzo a 75.418 millones de euros (un 13.203 millones y un 14,9% menos en un año), de los que un 8,2% eran de dusoso cobro, frente al 4,1% de un año antes. Los problemas de pago de las empresas, así, incrementaron estos créditos dudosos en 2.539 millones y un 70%, hasta los 6.167 millones, con alzas tanto de los morosos (un 136%, hasta los 3.353 millones) como de los dudosos subjetivos (un 27%, hasta los 2.813 millones). 

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