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El debate territorial

La rebelión de la España callada

Ximo Puig se erige en punta de lanza de una tercera vía que exige una redistribución del poder y la riqueza

El presidente valenciano, Ximo Puig.

El presidente valenciano, Ximo Puig.

¿Tiene sentido que el Instituto Español de Oceanografía tenga su sede central a más de 350 kilómetros de distancia de una ola de mar? La respuesta parece obvia. Quienes han seguido la trayectoria del presidente valenciano, Ximo Puig, saben que es un dato que suele emplear para subrayar las contradicciones de un Estado casi federal que, en el mismo periodo que desarrollaba un amplio proceso de descentralización política, profundizaba en la concentración de poder, instituciones y economía en la capital.

La «contundencia» de los datos indica que casi el 60 % de las adjudicaciones de contratos del Estado son hoy a empresas radicadas en Madrid, que el 29 % de los empleados del Estado están en Madrid y que este territorio deja de ingresar 4.100 millones de euros cada año en rebajas fiscales. Son cifras extraídas de un informe del Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) a partir de las cuales el presidente de la Comunitat Valenciana señaló esta semana a la capital como «una enorme aspiradora que absorbe recursos, población y redes de influencia». Es el 'efecto capitalidad'. Un «generador de desigualdades» que ha llevado a cabo «un procés invisible». Los datos también dicen que es la comunidad que más ha crecido en los últimos 30 años, hasta situarse como la más rica en términos de PIB, aunque también una donde las desigualdades sociales son más pronunciadas.

«El informe señala la absoluta concentración del poder político, que viene de antes, y ahora también económico», explica Puig. «No puede ser esta manera de funcionar el país. En lugar de converger, vamos al revés. Eso dificulta un proyecto común», sentencia en declaraciones a este diario.

«No podemos continuar como si fuera normal, como si no pasara nada. Porque la situación no lo es». «Ha de haber una centrifugación del poder», propone el dirigente socialista.

Puig plantea una redistribución del poder y de la riqueza. «Todos los mecanismos federalizantes se han de activar. El primero, el Senado. Y después ha de haber gestos claros de descentralización del poder», argumenta. Y una alianza de la España que menos se ve y se oye. El eje de la España real, plural y diversa, con múltiples identidades, dijo el pasado lunes durante el debate del estado de la autonomía. Su anhelo político (la realidad parece bastante más lejana) es que la Comunitat Valenciana lidere esa revolución conciliadora de una España que 40 años después ha visto superado el Estado de las Autonomías por las desigualdades territoriales.

Una España que rechaza pulsiones centralistas, sí, pero también «independentismos» y «unilateralismos totalizadores». Es una idea en la que Puig lleva años insistiendo. Una tercera vía que, como todas, siempre es una opción de moderación entre dos extremos, entre el procés catalán y el procés «invisible». «No necesitamos acumular banderas, la bandera es la igualdad», clama.

Quienes han seguido la trayectoria de Ximo Puig saben que el discurso de la España plural es uno de los pilares de su agenda política. Lo ha dicho en València, Barcelona y Madrid. No tuvo tanta repercusión como ahora, pero en mayo de 2016, en un foro en Barcelona, ofrecía una alianza con Cataluña para salir de «la periferia invisible» e impulsar un proyecto de España «desde la pluralidad» que «las élites centralistas no han digerido».

Eso era antes del procés independentista y el 1 de octubre. Después, los lazos institucionales con Cataluña se rompieron. Sin embargo, Puig (su mensaje) ha continuado encontrando buena recepción en las entidades económicas catalanas. Foment del Treball invitó al presidente valenciano en noviembre a la gala de sus premios (defendió el federalismo como senda hacia la modernización de España) y por aquellos días recibió en València al presidente del Cercle d'Economia de Catalunya. No parece casual.

No obstante, todas esas afirmaciones (ni siquiera cuando calificó Madrid de «paraíso fiscal» en un hotel a unos metros del Congreso de los Diputados) no han tenido la resonancia de las de esta semana. El contexto ha cambiado: Madrid está en el foco por su gestión de la pandemia.

El 'efecto capitalidad' tiene como consecuencia que la comunidad de Isabel Díaz Ayuso deje de ingresar millones en impuestos mientras reclama ayuda al Gobierno para sostener sus servicios públicos. Hechos así han quedado más en evidencia en esta coyuntura de emergencia sanitaria.

Puig ha recibido llamadas estos días de varios presidentes autonómicos. La respuesta obtenida a su posición es también reflejo de un cansancio de esa periferia invisible y silenciosa. Ni es contra Madrid ni contra el Estado, reitera él. «España no es el problema, pero el modelo de España sí», sostiene el presidente valenciano, quien defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene «una mirada mucho más abierta y plural que los anteriores», pero «hay un conjunto de élites centralistas que generan un imaginario muy reducido de lo que es España».

El debate está sobre la mesa. ¿La rebelión fructificará o será un episodio más de la pandemia y todo volverá a ser lo de siempre? Borges decía que siempre es una palabra que no está permitida a los hombres.

La batalla fiscal no da tregua. El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que anticipa una rebaja de medio punto en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta (IRPF), ha abierto (otra vez) la caja de los truenos en diferentes territorios que ven cómo esa competencia se traduce en una progresiva fuga de empresas hacia la capital de España.

Es lo que ha verbalizado esta semana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pero su sentir es compartido en otras autonomías, sobre todo las gobernadas por dirigentes socialistas, como Aragón (Javier Lambán), Asturias (Adrián Barbón), Extremadura (Guillermo Fernández Vara) y Castilla La Mancha (Emiliano García Page). También el Govern de Quim Torra acusa a Madrid de «dumping» fiscal. Por contra, autonomías donde el PP gobierna solo o en coalición, como Andalucía, defienden la competencia fiscal.

En Aragón, por ejemplo, en los últimos cinco años 781 compañías han cambiado su domicilio social a otra comunidad, y el 44% (344 sociedades) se fueron a Madrid.

Las autonomías tienen margen para regular determinados impuestos, aunque la mayor carga tributaria la fija el Estado. Pese a ello, este pequeño margen puede significar un importante ahorro a empresas y particulares, en función del territorio en el que se ubiquen. Es lo que se conoce como dumping fiscal, que provoca tensiones entre autonomías por atraer a las empresas.

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