Más de 20,6 millones de españoles en edad adulta, es decir el 43,74 % del censo, viven en situación de precariedad, "debido al aumento del paro, la rebaja de salarios y los ajustes realizados por el Gobierno", según un informe elaborado por técnicos del Ministerio de Hacienda.
Euskadi y Navarra son las Comunidades Autónomas con la tasa de precariedad más baja, con un 24,11 % y un 22,20 % respectivamente, y por contra, Extremadura lidera la tabla con un 53 % y 590.000 personas adultas en esa situación, seguida de Andalucía con una tasa de 51,1 % y casi 4,3 millones de adultos afectados.
El estudio titulado Adiós a las clases medias se presentó ayer en el XII Congreso Nacional de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que reunió en Bilbao a más de doscientos representantes de ese colectivo para analizar "la brecha salarial surgida en España entre las clases medias y bajas y los grandes patrimonios como consecuencia de la crisis económica".
Para elaborarlo, los analistas tomaron datos oficiales del propio Ministerio y han calculado la tasa de precariedad que viene dada de la suma de familias cuyos ingresos en su conjunto sean iguales o inferiores a 12.000 euros brutos al año, además de los hogares que no tienen ingresos de ningún tipo, que este año son ya casi los 3 millones en el Estado.
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, explicó que desde el año 2007 se han incorporado a ese índice casi 2 millones de españoles y entre los más afectadas por la crisis, 16 millones de personas en situación de precariedad corresponden a "mileuristas asalariados".
Una mayor brecha
Así, denunció, en estos últimos años la diferencia entre las rentas de los más desfavorecidos y los grandes patrimonios se ha multiplicado y "todavía esa brecha puede ir a peor si no hay una modificación de las políticas fiscales" con las que tanto el Gobierno de PSOE como de PP "han afrontado la crisis, porque son injustas y además están siendo ineficaces".
El informe explica que los recortes aprobados han impactado en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que representan al 85% de los trabajadores.
Los técnicos proponen una serie de iniciativas "que por sí solas permitirían recaudar más de 60.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales. Reclaman las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran más del 70 % de la evasión fiscal y la puesta en marcha de un impuesto sobre la riqueza de manera que "el tipo efectivo de esta nueva tasa triplique" al actual impuesto de patrimonio.
