-¿A qué se dedica la Agencia?
-La Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca se dedica a hacer cumplir la normativa urbanística en el suelo rústico de Mallorca, reaccionando ante las obras que se ejecutan sin licencia. Esta reacción consiste en aplicar todas las medidas que la Ley prevé ante las obras ilegales y que son: paralización cautelar e inmediata de las obras, con precinto de las obras si los particulares no respetan de forma inmediata la orden de paralización, y denuncia ante la Fiscalía si se rompe el precinto y continúan las obras así como la imposición de las sanciones que la Ley prevé para la comisión de la infracción urbanística. Otra medida es la demolición.
-¿De qué manera se consigue que el infractor derribe la construcción ilegal?
-En caso de que las obras ejecutadas no sean legalizadas por la propiedad (y en este sentido hay que tener en cuenta que la mayoría de obras sin licencia en suelo rústico que la Agencia detecta no son legalizables), la Agencia ordena su demolición y la restitución de los terrenos al estado anterior y da un plazo al propietario para que lo ejecute. En caso de que así no lo haga, la Agencia impone hasta 12 multas periódicas. Tienen periodicidad mensual y cada una de ellas de cuantía de un 10 % del valor de las obras realizadas sin licencia. Así hasta que el propietario ejecuta la demolición. En caso de que se llegue a la 12ª multa y no se haya ejecutado, la Agencia ejecutaría la demolición en sustitución del propietario y le cargaría el coste. No obstante, cabe decir que hasta ahora no ha sido necesario llegar hasta la 12ª multa. Desde que la Agencia ha comenzado a aplicar estas multas, por ahora todos los propietarios han demolido voluntariamente entre la primera y la quinta multa.
-¿Qué balance hace del pasado 2016 en materia de disciplina?
-Entiendo que se refiere al balance de la Agencia. En estos momentos estamos terminando de recopilar los datos de toda la actividad de la Agencia durante el 2016, para conformar la Memoria, que será publicada seguramente a finales de marzo. Sin embargo, ya podemos anticipar que en 2016 se ha caracterizado sobre todo por dos hechos: las órdenes de demolición se han empezado a ejecutar y se ha intensificado la tramitación de expedientes de infracción. Así, en 2016 se habrán ejecutado más de 20 demoliciones, lo que supone que en un año se habrán ejecutado más demoliciones que en todos los años acumulados de existencia de la Agencia, que empezó su actividad en 2009. Y este es un proceso que se irá intensificando durante los próximos meses, ya que aparte de las demoliciones ya ejecutadas, tenemos constancia de más de 40 demoliciones que están tramitando la licencia de demolición y que, por tanto, se ejecutarán durante los próximos meses. En este sentido, la imposición de multas coercitivas se está mostrando como un instrumento muy efectivo para obligar a los propietarios a que ejecuten las demoliciones voluntariamente.
-¿Y en cuanto a la tramitación de expedientes?
-Se ha intensificado muchísimo la tramitación de los expedientes de infracción urbanística. En 2016 se han iniciado 154 expedientes, lo que supone que en un año se han iniciado más expedientes que los acumulados en los cuatro años anteriores (23 en 2012, 27 en 2013, 28 en 2014 y 43 en 2015). En este sentido, cabe destacar que el Plan Anual de Inspecciones, aprobado por junio de 2016 por unanimidad de todos los miembros del Consejo de Dirección y que está colgado en la web de la Agencia, hace un ejercicio de transparencia y de independencia, incluyendo de forma expresa un orden de prelación a la hora de iniciar los expedientes, de manera que no haya ninguna duda de que no se inicia ningún expediente por indicación o instrucción política. Por otra parte, debo agradecer públicamente la predisposición de todo el personal de la Agencia a intensificar el trabajo.
-¿A través de qué canales les llegan las denuncias?
-Las denuncias llegan o de particulares o de otras administraciones (celadores de obras municipales, agentes de Medio Ambiente del Govern Balear, SEPRONA de la Guardia Civil, etc.). Pero hay que tener en cuenta que la Agencia también detecta infracciones urbanísticas de oficio, sobre todo mediante inspecciones de nuestro personal inspector y gracias a fotografías aéreas. En este sentido, cabe destacar que el Plan Anual de Inspecciones hace aquí, también, un ejercicio de transparencia e independencia, incluyendo de forma expresa cuáles son las fuentes de información que debe utilizar la Agencia para detectar infracciones de oficio, es decir, que no vienen por denuncia. Esto se ha hecho para que no quede ninguna duda de que cuando la Agencia detecta una infracción de oficio no ha sido por ninguna indicación ni instrucción política, sino que se ha detectado por alguna de las fuentes que aparecen en el Plan.
-¿Cuántos inspectores tiene actualmente la Agencia?
-La Agencia tiene ahora mismo seis inspectores y un nuevo inspector está previsto que se incorpore en los próximos meses. De estos seis inspectores, dos se han incorporado durante el 2016. De todos modos, tengo que decir que las prioridades que detecté cuando llegué a la Agencia en diciembre de 2015 fueron primordialmente dos: tramitar las infracciones urbanísticas ya detectadas y ejecutar más de 150 órdenes de demolición ya firmes y que no habían sido ejecutadas voluntariamente por los propietarios.
En lo que respecta a la tramitación de infracciones, cuentan con un acta de inspección levantada por los inspectores pero que falta tramitar el expediente imponiendo la sanción correspondiente, ordenando la demolición y ejecutando la demolición. Detecté más de 1.000 expedientes que se encontraban en esta situación, los que se habían ido acumulando a lo largo de los años, incluso antes de la creación de la Agencia cuando la Disciplina la ejercía el propio Consell Insular.
-Demasiado trabajo acumulado…
-Dar salida a estas dos prioridades necesita sobre todo de la incorporación de juristas que lleven adelante los expedientes y las órdenes de demolición. Por ello, entre finales de 2015 y 2016 se han incorporado a la Agencia seis juristas, y tres más está previsto que se incorporen durante el 2017. Hay que decir que el coste de este personal se ve compensado sobradamente por los nuevos ingresos que su tarea genera; está calculado que la incorporación de un jurista para tramitar los expedientes genera ingresos por sanciones que multiplican como mínimo por cinco el coste que esta persona le supone a la Agencia.
-A nadie le gusta que le tiren su casa, aunque sea ilegal
-Día a día vivimos en la Agencia situaciones duras. Vienen propietarios enfadados que han cometido una infracción urbanística. Cada semana tenemos algún infractor que sale llorando de mi despacho porque le van a demoler su construcción ilegal. Vivimos situación duras, sí. Pero desde la Agencia trabajamos para las personas que jamás veremos. Porque quién ha hecho las cosas bien no vendrá nunca a vernos. Solamente vienen los infractores. La gente que lo hace bien se merece que actuemos.
-Existen demasiados casos que salen impunes
-Muchas veces la gente se plantea el sentido que tiene que una Agencia como esta actúe de manera efectiva. No es pura y simplemente porque lo indica la ley, sino que hay otro motivo de fondo mucho más importante. Nosotros trabajamos para la gente que hacen las cosas bien. Siempre pongo el ejemplo de aquel propietario que tiene una finca de 10.000 metros cuadrados en suelo rústico y que, por tanto, no llega a las dos cuarteradas de extensión para poder edificar y decide cumplir con la normativa y no edifica. Imaginemos que al lado tiene un vecino que tiene una parcela idéntica y que él decide construir una vivienda ilegal. ¿Qué es lo que le habrá sucedido durante estos años con la experiencia que tenemos en esta isla? Pues que no le habrá pasado nada o que como mucho le habrán puesto una multa sin ejecutar la demolición. Por tanto, este vecino que ha decidido cumplir con la normativa ve que el vecino que ha actuado ilegalmente usa esa vivienda para él y su familia y ahora, además, estos últimos años la ha alquilado a un turista y está ganando un dineral. Que la Administración no actúe es un insulto e inadmisible de cara al ciudadano que ha decidido cumplir con la normativa.
-Con una lectura estricta de la legislación urbanística, ¿es posible que la mayoría de edificaciones en suelo rústico no cumplan con la legislación?
-[Suspira] Para mi es una de las grandes incógnitas del urbanismo en Mallorca, saber cuántas edificaciones ilegales hay en suelo rústico. Diferentes periodistas me lo han preguntado. Es un dato que por parte de la Agencia nos es muy difícil saber ya que nosotros tenemos datos de los expedientes que nosotros tramitamos. Hay que tener cuenta que tenemos competencia directa en aquellos municipios donde nos han delegado las competencias en materia de disciplina urbanística. Incluso en estos municipios solo ejercemos competencias desde la fecha en que se hizo efectiva la delegación: todos los expedientes antiguos quedan en manos del ayuntamiento. Habría que ir municipio por municipio en los 53 de Mallorca para saber los datos que tienen sobre las obras ejecutadas en suelo rústico sin licencia. Esta información no la ha conseguido recopilar nadie.
-Actualmente hay 13 municipios adheridos a la Agencia. Y en el resto, ¿pueden actuar?
-Son 13 y dos más que están a punto de entrar, Selva y Búger. En estos 13 municipios tenemos la competencia directa para actuar en materia de disciplina. Pero en el resto de municipios podemos actuar pero solo si el ayuntamiento no actúa antes. Por tanto, sí que tramitamos expedientes en municipios no adheridos.
-Actualmente los consejos de dirección de la Agencia están abiertos al público. ¿Por qué?
-Para dar transparencia y para que los medios de comunicación y ciudadanos anónimos, si tienen interés, puedan ver fotografías de la obra sobre la cual se ordena la demolición.
-¿No se vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos?
-No se vulneran en ningún momento los derechos de los posibles infractores. Cuando se tratan los expedientes, solo se hace referencia al municipio y se muestran las fotografías de la construcción a demoler. No se facilita ninguna otra información ni dato como puede ser el polígono o parcela donde se encuentran situada. Con ello se quiere dar a conocer a la sociedad que la Agencia actúa. Queremos que los posibles infractores urbanísticos se planteen cometer o no una infracción viendo que la Agencia realmente está actuando. Además, publicitamos lo que hacemos en perfiles de redes sociales como Facebook y Twitter.
-¿Por qué la sociedad mallorquina sigue pensando que construir de manera ilegal es tan barato y que no se derriban las construcciones?
-Cometer infracciones urbanísticas en Mallorca sale más a cuenta que nunca. ¿Por qué? Por el alquiler vacacional a turistas. Nos estamos encontrando que más de un 80 % de las infracciones detectadas los últimos 2-3 años están relacionadas con este alquiler: piscinas, ampliaciones de baños y habitaciones, edificaciones de uso agrícola-ramadero reconvertidos en viviendas, etc. Hasta hace unos años, el que cometía una infracción urbanística tenía pensado que esa casa fuera para él mismo, es decir, el propietario, sin sacar rendimiento económico. En los últimos años esta situación ha cambiado. Una vez terminada la obra, el rendimiento económico es inmediato mediante el alquiler vacacional.
-¿Y esto qué supone?
-Ya no basta que una vez detectada la infracción urbanística se multe. O se imponga una multa y se ordene la demolición pero que ésta no se ejecute. A día de hoy, si no se ejecutan las demoliciones, la disciplina urbanística prácticamente no sirve de nada. Los infractores hacen sus cálculos económicos: hacen una obra ilegal, el ayuntamiento les multará pero no demolerá la construcción. Por muy alta que sea la multa, los infractores piensan que en dos o tres años de tener la propiedad alquilada estará amortizada. Una simple multa no desincentiva nada.
-¿Los ayuntamientos ejecutan las órdenes de demolición?
-A día de hoy y con carácter general ningún ayuntamiento está ejecutando las demoliciones. Solo se ejecutan aquellas donde el denunciante llega al juzgado y el juez dicta la sentencia que obliga al ayuntamiento a ejecutar la demolición. Si no es a través de esta vía, los ayuntamientos no las ejecutan.
Pero para ser justos, hasta finales de 2015, que se pusieron en marcha las multas coercitivas, la Agencia tampoco había manifestado una voluntad clara de ordenar las demoliciones que dictaba ella misma. Por eso teníamos las 150 órdenes de demolición pendientes de ejecutar.
-¿Y en cuanto a sanciones?
-Tenemos un doble caso. Ayuntamientos que no imponen multas y otros que imponen una multa correspondiente a la infracción urbanística pero que después no se encargan de que la demolición se ejecute mediante la imposición de multas coercitivas.
-La mayoría de ayuntamientos adheridos a la agencia son municipios pequeños, ¿por qué?
-Hay un doble motivo. Primero, por falta de medios para dotar de personal su ayuntamiento. Y segundo y motivo principal, porque cuanto más pequeño es el ayuntamiento más cercana es la persona que ha cometido la infracción: amigos, familiares, votantes, etc. Desde la Agencia lo entendemos perfectamente. Me gustaría puntualizar también que la falta de medios, aducida por ayuntamientos, es una verdad a medias. Como el ejercicio de la disciplina urbanística conlleva imponer multas de cuantía muy elevada, por cada persona que un ayuntamiento incorpora para ejercer la disciplina urbanística, los ingresos obtenidos de las multas multiplican por cinco el coste de incorporar esta persona.
