El proceso abierto tras el seminario de alto nivel celebrado el pasado mes de febrero en Catania (Italia) sobre el estado de las poblaciones pesqueras del Mediterráneo y la ronda de reuniones convocada el pasado 8 de marzo por la Secretaria General de Pesca (SGP) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), para tratar la grave situación que atraviesa el Mediterráneo y sus recursos, pueden ser la última oportunidad para evitar una situación de no retorno. En estas palabras se expresan las entidades ambientales que participaron en las reuniones. "Valoramos los esfuerzos de la SGP para cambiar este escenario y reducir los índices de sobrepesca y aprovechamos la oportunidad para completar aspectos importantes y ausentes en el cuadro de medidas prioritarias presentado en la reunión, como la contextualización de las medidas en el marco legislativo y de gobernanza existente en la Unión Europea y en el conjunto del Mediterráneo, así como la inclusión explícita de la pesca artesanal o la integración de aspectos ambientales", explican las entidades firmantes, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, Fundación ENT, Greenpeace, Oceana, SEO/Birdlife y WWF.
La problemática actual
"A día de hoy, el 96 % de las poblaciones pesqueras evaluadas en el Mediterráneo y capturadas exclusivamente por países de la Unión Europea sufren sobrepesca, siendo esta cifra del 93 % si se contempla el total de países ribereños", apuntan las entidades. Esta sobreexplotación se inició en los años 60 cuando, gracias al desarrollo tecnológico que permitió pescar a mayor distancia del puerto y a mayor profundidad, se incrementó significativamente el esfuerzo pesquero facilitándose el acceso a recursos hasta entonces no explotados. Unos cambios que fueron alentados por una política de subvenciones y una gestión con escasas miras hacia el futuro. Además, este suceso se ha visto agravado por la falta de implementación de gran parte de las medidas establecidas en la legislación vigente y, en algunas zonas concretas, por el hecho de que los recursos son compartidos con terceros países, los cuales suelen contar con un escenario político y social complejo.
Asimismo, el limitado sistema de obtención de datos ha impedido realizar evaluaciones robustas en las que basar la gestión pesquera, en detrimento de los recursos en particular y del ecosistema marino en general. Sin embargo, el marco normativo de la UE y de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM), así como el conocimiento científico actual, proporcionan una oportunidad única para revertir esta situación antes de 2020.
Contexto legal
La actual Política Pesquera Común establece "la obligación de los Estados Miembro de lograr una explotación de los recursos biológicos marinos que restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en 2015, pudiéndose aplazar este proceso sólo en casos excepcionales y justificados y nunca más tarde de 2020". En consecuencia, los Estados Miembro tienen la obligación de cumplir con este objetivo mediante un modelo de gestión que, al mismo tiempo, sea respetuoso con el conjunto del ecosistema marino.
Los planes plurianuales son el marco establecido por la PPC para alcanzar el RMS y poner en marcha las medidas de gestión adaptadas a cada pesquería que garanticen su sostenibilidad ambiental y, en consecuencia, la sostenibilidad socioeconómica del sector. "Por ello, las ONG creemos que el Estado debe promover y afianzar la transparencia y la participación en todos los niveles de la gobernanza pesquera. La PPC establece también numerosos incentivos para fomentar la pesca sostenible a los que las administraciones y actores involucrados", explican. Así, aseguran que "estimamos fundamental la aplicación avanzada del Artículo 17 de la PPC, que obliga a los Estados Miembro a establecer criterios transparentes y objetivos en la asignación de posibilidades de pesca, desde el punto de vista ambiental, social y económico. Este artículo debe implementarse tanto para pesquerías reguladas por cuotas como para las reguladas por esfuerzo".
Consideraciones sobre la consulta
"Entendemos que la alarmante situación de los recursos pesqueros y, en consecuencia, de la actividad pesquera en el Mediterráneo debe atajarse con medidas que se adecuen a las consideraciones generales que se exponen a continuación", señalan las seis organizaciones. Por ello proponen el establecimiento de un calendario concreto para la recuperación de todas las pesquerías del Mediterráneo español al RMS antes del 2020 así como la incorporación del enfoque ecosistémico. Siguiendo las directrices de la FAO, este enfoque debe implementarse, según señalan, a través de la ciencia y la participación, incorporando el conocimiento empírico del sector pesquero. Como tercera medida sería la incorporación plena de la pesca de artes menores en la gobernanza pesquera asignando cuotas o esfuerzo que ponga en valor este sector.
También se apuesta por el fomento del uso de las mejores tecnologías disponibles para maximizar la rentabilidad de la actividad, reduciendo el impacto ambiental y la presión pesquera así como la ampliación y fomento de la investigación y la recolección de datos. "Se deben aplicar metodologías específicas que mejoren el monitoreo de las pesquerías pobres en datos, como son las pesquerías artesanales y las de tiburones y rayas, para poder así mejorar su gestión. Cuando no se disponga de información científica suficiente, se debe aplicar el principio de precaución", explican en el documento presentado en la Secretaría de Estado.
Otra de las medidas para paliar la sobrepesca va dirigida a incrementar las medidas de control y vigilancia para que se asegure el cumplimiento de la normativa y la lucha eficaz contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Del mismo modo que están haciendo algunas comunidades autónomas y cofradías, se propone la aplicación de tecnologías de bajo coste para el control y seguimiento de la pesca artesanal y costera. La vigilancia también se centraría en aumentar el control, el seguimiento y la gestión de la pesca recreativa para poder determinar la mortalidad por pesca de las especies más afectadas, el impacto sobre las zonas de alto valor ecológico y el potencial conflicto con los pescadores profesionales. En este proceso de seguimiento y control, la participación de los distribuidores, minoristas y restaurantes es clave para evitar la comercialización de sus capturas. Todo ello, estableciendo y actualizando las tallas mínimas de referencia para la conservación en el que se ajuste la talla mínima comercial a la talla de madurez reproductora, en línea con el criterio científico.
Trazabilidad y descartes
"Se debería mejorar la trazabilidad y del cumplimiento legislativo del etiquetado, con la aplicación de las medidas necesarias para lograr un etiquetado que contenga la información mínima obligatoria en todos los puntos de venta y que esa información sea veraz", exponen las organizaciones. Con ello, se busca promover estrategias innovadoras de comercialización (venta directa, online, etc.) que mejoren la tasación del producto para que éste pueda reflejar los costes reales de la explotación y la competitividad de la demanda.
Otro de los aspecto que se busca reducir son los descartes mediante unos planes que contemplen la eliminación de las capturas accidentales al máximo, mediante la mejora de selectividad de las artes, cierres espacio-temporales y proporcionando acceso preferencial a los caladeros a aquellas artes que generan menos descartes. "Se deberían establecer medidas que imposibilitasen las prácticas ilegales que se pudieran derivar de la puesta en marcha de la obligación de desembarque. Asimismo, debería evitarse favorecer la creación de nuevos mercados que revaloricen las capturas antes descartadas, que podrían dar pie a posibles incrementos de presión pesquera sobre los mismos", apuntan.
Operación Yuyus
Durante el último año, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del SEPRONA de la Guardia Civil ha venido trabajando en la denominada Operación Yuyus contra la pesca ilegal a nivel internacional, que culminó el pasado marzo con seis personas detenidas y otras 16 investigadas, la realización de cinco registros en diferentes sedes empresariales y domicilios, así como la incautación de dinero y otros bienes de distinta naturaleza.
A lo largo de la investigación se pudo acreditar que los implicados llevaban a cabo diversas acciones ilícitas relacionadas con la pesca ilegal en la Antártida. Su campo de actuación abarcaba, desde la práctica de capturas ilegales como actividad principal, a otras que permitirían blanquear los beneficios ilegalmente obtenidos, estando pendiente esta investigación. La Convención CCAMLR internacional nació para proteger el espacio que comprende la Antártida y sus aguas circundantes, siendo el principal objetivo la preservación de los recursos vivos marinos antárticos. De hecho, el bien más preciado en las antípodas no es una especie concreta sino el delicado equilibrio biológico. España, parte en la Convención desde 1984, se compromete como tal a llevar a cabo cuantas acciones sean precisas para conseguir los objetivos marcados. Entre esas acciones se incluye el desempeño de acciones judiciales y policiales como la que acaba de culminar la Guardia Civil.
En marzo de 2015, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) informó a la Guardia Civil de las circunstancias que rodeaban la actividad de un grupo de armadores ubicado en Galicia responsable de diversas infracciones y sanciones, no sólo en España, sino también en otros países. Desde ese momento, y en colaboración con la Subdirección General de Control e Inspección de Pesca, se inició una compleja operación que presentaba multitud de conexiones en distintos países y ámbitos delictivos. Desde los inicios se pudo contar con precisos informes técnicos aportados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), entidad que ejerce la representación de España en la Convención CCAMLR. Los informes permitieron establecer el "delito madre" de tipo medioambiental sobre el que se empezó a trabajar con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, siendo dicha Fiscalía la que encauzó finalmente la investigación a la Audiencia Nacional. Abiertas diligencias informativas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se empezó a trabajar policialmente con INTERPOL.
Si bien el grupo gallego contaba con tres buques faenando en la Antártida, la parte central de la investigación se centró en el barco llamado Kunlun, nombre que ostentaba al inició de la operación y que, como era práctica habitual para intentar burlar los controles, cambiaron posteriormente. El Kunlun, con bandera de Guinea Ecuatorial, fue abordado por patrulleras australianas y neozelandesas en las aguas de la Antártida al inicio de la temporada de pesca 2014-2015. En marzo de 2015, arribó al puerto de Phuket (Tailandia) donde, al declarar falsamente como "mero" la mercancía que transportaba, fue intervenido por las autoridades. A partir de ese momento, el barco pasó a llamarse Thaishan ondeando en este caso bandera de Indonesia.
Tras permanecer varios meses a la espera de la resolución de las autoridades, en el mes de septiembre se dio a la fuga con tan sólo cinco oficiales a bordo, perdiéndosele temporalmente la pista. En noviembre, el mismo barco arribó al puerto de Dakar, donde descargó la mercancía para su posterior envío a través de una empresa carguera con destino a Vietnam. Cuando los agentes del SEPRONA, junto con personal del MAGRAMA y de INTERPOL, se desplazaron a la capital de Senegal para apoyar a los responsables nacionales en la inspección del barco, encontraron importantes pruebas que determinaban que dicho buque era en realidad el Kunlun además de otros elementos incriminatorios. El barco, en ese momento denominado Asian Warrior, contaba con bandera de conveniencia legal de San Vicente y Granadinas. Para obtener el abanderamiento podrían haber falseado la documentación de trámites y la habilitación recogía claramente que "no permitía la navegación", a pesar de lo cual había llegado a Dakar. En cuanto a la mercancía, a través de INTERPOL se pudo contactar con las autoridades vietnamitas para que fuese inmovilizada, siendo la misma más de 183 toneladas de merluza negra declarada como atún. El valor de dicha mercancía en el mercado ascendería a unos dos millones de euros.
Los beneficios calculados de la venta ilegal de la merluza negra pueden superar anualmente los 10 millones de euros (el precio medio de este pescado en su destino final supera los 50 euros por kilo). Para el aprovechamiento de esos beneficios ilegales en España contaban con diversas empresas que, a pesar de ser deficitarias, mantenían su actividad gracias a la inyección del dinero fraudulentamente obtenido.
