En la fachada de la sala Augusta, en la avenida Juan March, a tiro de piedra de la plaza de España, hay una lápida en la que se recuerda que allí, donde hoy subsiste uno de los pocos cines que quedan en el centro de Palma, estuvo la cárcel de Can Mir, un antiguo almacén de maderas, que allá por los inicios del siglo XX, construyó el empresario Juan Mir. Entonces, el edificio se alzaba pegado a las murallas, derribadas pocos años después para permitir el crecimiento de Ciutat. En julio de 1936, a los pocos días de que en Mallorca triunfara el golpe de Estado militar contra la República, las nuevas autoridades facciosas reconvirtieron el almacén en cárcel, denominada Prisión Estaciones, donde se hacinaron hasta 1941, cuando fue clausurada, miles de personas acusadas de un imposible delito de auxilio a la rebelión por considerárselas afectas a la legalidad republicana. De aquel recinto salieron 257 presos para ser asesinados por los escuadrones falangistas, mientras que otros 50 fueron fusilados tras ser sometidos a una ficción de juicio, casi siempre a consejos de guerra sumarísimos en los que cualquier atisbo de defensa legal era imposible.
El profesor de Enseñanza Media Manel Suárez está embarcado en el proyecto de documentar concienzudamente lo que fue Can Mir, lo que sucedió en un recinto que ha devenido en el símbolo de lo que supuso la represión franquista en Mallorca.Acaba de publicar Suborns i tretes a la presó de Can Mir (1936-1941), resultado de un anterior volúmen, La presó de Can Mir, al que seguirá otro, para cerrar la trilogía, en el que se recogerán las cartas que los presos remitían a sus familiares y las que éstos les enviaban. Sobre este asunto Suárez precisa que se desconoce lo que sucedió con la mayoría de las cartas que llegaban a Can Mir, posiblemente se perdieron o fueron destruidas, pero se conservan en distintos archivos y en el ámbito de las familias de los presos, las que éstos remitieron. Suárez también ha hallado nuevas fotografías, así como la documentación de procesos judiciales en los que se detallan los testimonios de las víctimas y de los represores, que, según Suárez, "no escondían nada, ya que eran plenamente conscientes de que actuaban con absoluta impunidad".
Liberados y asesinados
En Suborns i tretes a la presó deCan Mir, el autor introduce nuevos elementos en su indagación: la ampliación de la lista de presos, que eleva hasta 2053 en los cinco años en los que la prisión estuvo abierta, de los que los mencionados 257 fueron asesinados por pelotones formados básicamente por falangistas y algunos soldados. A esos presos previamente se le comunicaba que eran puestos "en libertad", lo que igualmente se hacía costar en los correspondientes documentos. Lo que sucedía era que se les subía en camiones para ser conducidos a algunos pueblos de Mallorca, casi siempre en las inmediaciones de Porreres, donde eran asesinados. Pero qué condiciones eran las que existían en Can Mir. Suárez da cuenta de que en los primeros días de la sublevación, que en Mallorca triunfó sin encontrar apenas resistencia, el 19 de julio de 1936, se produjeron ya detenciones, por lo que por orden gubernativa se procedió a habilitar el almacén, del que se sacó la maquinaria para construir un pasillo de cemento en los laterales, conocido por los presos como el Born. También se construyó una canaleta para que en ella hicieran sus necesidades, además de habilitar unos tubos por los que salía el agua, justo por encima de la canaleta de los excrementos. Además, había unos ventanucos en el lateral izquierdo de la nave. La iluminación la proporcionaban unas bombillas encendidas ininterrumpidamente. El resto era una superficie de tierra en la que se amontonaban los detenidos sin contar, en las primeras semanas, ni tan siquiera con colchones y mantas. La situación de los presos era de una gran precariedad, extrema.
El edificio en los inicios del siglo XX, cuando era un almacén de maderas y hierros propiedad del empresario Juan Mir. DM
En Can Mir existía un constante movimiento de presos, con el que se seguían las directrices de las autoridades golpistas, que pretendían evitar la concentración de detenidos en un mismo lugar, a fin de neutralizar la posibilidad de un contacto permanente entre éstos y sus familiares. "Se trataba de aislarlos social y familiarmente", afirma Suárez. Las condiciones de insalubridad de Can Mir eran tan notables que los presos que sobrevivieron a las sacas pecharon con problemas graves de carácter intestinal, renal y de visión. No había servicios sanitarios, ni tan siquiera un botiquín de emergencia; los presos eran asistidos por dos médicos externos, de los que uno los trató adecuadamente en la medida de sus escasísimas posiblidades, mientras que el otro consideraba que los "rojos" merecían el trato que se les dispensaba. Entre los detenidos hubo algunos médicos, que se afanaron por ayudar a sus compañeros.
Uno de los presos, J. Cortés, dibujó lo que era Can Mir cuando el almacén fue habilitado como cárcel. G. BOSCH
Entre los presos también se contabilizaron numerosos maestros y catedráticos de Enseñanza Media. Suárez cita los nombres de Andreu Crespí, Tomeu Matas, Serra Cardell, así como abogados; uno de ellos, José Feliu, salvó la vida casi de milagro, y otros muchos profesionales. En Can Mir se vivieron algunas situaciones chocantes: los maestros impartían clases a sus compañeros, a las que incluso asistían algunos de los soldados encargados de su costodia, puesto que no pocos de ellos simpatizaban con la República. Incluso se llegaron a celebrar debates sobre la situación que se estaba viviendo en España. Los detenidos se agrupaban por su lugar de procedencia y era habitual que compartieran lo poco de lo que disponían. Los tres primeros meses desde el golpe de Estado los familiares no fueron autorizados a enviar nada a los presos, después se permitieron los colchones y mantas y un día a la semana, los jueves, se autorizan visitas y que se les suministre ropa y comida.
Septiembre de 1936-mayo de 1937
El procedimiento para realizar las sacas era el siguiente: cada pueblo, casi siempre a través de la jefatura local de la Falange y otras autoridades, remitía al Gobierno Civil la lista de presos a los que había que eliminar. La represión llegó a su máximo entre septiembre de 1936 y mayo de 1937. Fueron nueve meses de una represión muy intensa, según Suárez se alcanzó una dimensión "descomunal". En ese período las sacas fueron constantes. Es el momento en el que el general Franco, designado el uno de octubre jefe de los golpistas, nombra gobernador civil de las Islas a Mateo Torres Bestard, amigo suyo desde los tiempos deAfrica, y jefe de la policía a Francisco Barrado, un represor vocacional. Ambos desencadenan el período en el que se perpetra el mayor número de asesinatos, sin que intervengan las autoridades judiciales. Torres Bestard tiene carta blanca para hacer lo que le venga en gana. El gobernador, con el aval de Franco, pone en marcha una maquinaria represiva que conduce a la eliminación de muchos republicanos. Las sacas se concentran en Can Mir, Bellver (donde está detenido desde el 19 de julio Alejandro Jaume) y Can Salas. El procedimiento casi siempre es el mismo: al anochecer llega un camión a Can Mir, un Chevrolet incautado a una familia de Valldemossa, estacionándose en el patio interior. Los falangistas aguardan mientras que primero un preso y posteriormente uno de los falangistas, lee a los detenidos los nombres de los que van a ser puestos en libertad.
Una de las pocas fotos del interior de Can Mir que se conservan. M.S.
Estos, en los primeros días, creyeron que efectivamente se iban a casa. A los liberados se les conducía al camión maniatándoles las muñecas entre ellos con alambre. Se les conducía al extrarradio o a las cercanías de los pueblos, casi siempre Porreres, donde se les asesinaba a tiros. Manel Suárez precisa que en los primeros meses se daba publicidad a los asesinatos para que surtiera efecto la denominada "represión pedagógica". Una vez eliminados, se avisaba al juez de guardia, quien hacía constar que en el cadáver "no se aprecian señales de violencia". Con posterioridad, y ante la magnitud que estaba alcanzando la represión, se optó por la ocultación de la misma. En Porreres no existen registros de las defunciones, puesto que el objetivo era el de su doble eliminación: la de su vida y la de su recuerdo. ¿Por qué se elegió casi siempre Porreres?
Luis Sitjar, "un criminal"
La razón, en opinión de Suárez, fue la de que es un pueblo situado en el centro de Mallorca, y la de que el jefe local de la Falange era Luis Sitjar (quien dio nombre durante décadas al estadio del Mallorca), "un criminal", asegura el profesor, quien hace una precisión: a los detenidos no se les asesinaba directamente, sino que las listas eran previamente firmadas por Torres Bestard. Suárez comenta que se lo ha contado directamente una de las personas detenidas en Can Mir, hoy casi centenaria. Se trata de Joan Bennassar. El documento firmado por el gobernador civil rezaba: "orden de poner en libertad a los detenidos (...sus nombres) en la prisión de Estaciones". Se pudo conocer qué era lo que de verdad ocurría porque se cruzaron las listas de los desaparecidos con las de quienes se había ordenado poner en libertad en Can Mir. Suárez comenta que algunos afortunados consiguieron sobrevivir, básicamente gracias a que disponían del dinero necesario para sobornar a sus verdugos.
En Can Mir había dos clases de presos: los detenidos por orden gubernativa sin acusación conocida y los pendientes de juicio. Los primeros creían que eran quienes mejor lo tenían, desconociendo que sus compañeros pendientes de ser encausados estaban fuera del alcance de los escuadrones falangistas, dado que las autoridades militares se habían hecho cargo del proceso. Quienes consiguieron salvarse utilizaron el mencionado sistema del soborno. El precio de la vida de un hombre quedó fijado en 500 pesetas de la época, cantidad que hoy equivale a unos mil euros. El sistema para evitar la ejecución era el siguiente: al conocerse los nombres incluidos en las listas, un sacerdote se dirigía a la familia dándoles cuenta de que por la noche estaba previsto que se sacase de Can Mir al esposo, hijo o familiar. "Si pagas 500 pesetas no le pasará nada", añadía el cura. De tal suerte consiguió salvar la vida un maestro de Inca, Miquel Mercadal, quien fue apeado del camión que le conducía, junto a otros presos, a la muerte al llegar a la comisaría de Barrado. Suerte muy distinta corrieron Joan Nicolau, de Porreres; Sebastià Vicens, de Calvià o Francesc Thomás, de Palma, asesinados por no poder abonar a los falangistas las 500 pesetas.
Dibujo hecho por uno de los presos en el que se plasma cómo pasaban las horas los detenidos en el almacén reconvertido en centro de detención por las autoridades golpìstas.
Los sobornos no solo se circunscribían a evitar ser asesinados, sino que se pagaba para mejorar las condiciones de vida en Can Mir. Abonando entre 40 céntimos y cinco pesetas se podía introducir material en la cárcel: cuchillas de afeitar, jabón, ensaimadas, sobrasadas y cartas, incluso existía la posibilidad, abonando la correspondiente tarifa, de que los padres pudieran ver a sus hijos o los hombres a sus mujeres.
Clausura
Can Mir fue clausurada en las primeras semanas de 1941. Casi dos años después de que concluyera la Guerra Civil. El último documento relativo a la cárcel al que ha tenido acceso Suárez es de 1940. Siguió habiendo detenidos republicanos en Capuchinos y en el penal de Formentera hasta 1945, el año en el que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Las sacas se prolongaron a lo largo de todo 1937, aunque progresivamente, a partir de mayo, fueron perdiendo intensidad. Parece que la sustitución de Torres Bestard en Gobierno Civil propició que el nuevo gobernador considerara que había que acabar con ellas, dejando que fueran los tribunales militares quienes encausaran a los acusados de simpatizar con la República, a lo que prácticamente en todos los casos se les acusaba de auxilio a la rebelión.
Manel Suárez afirma que los años en los que Can Mir estuvo abierta son los más oscuros de la reciente historia de Mallorca. Can Mir sintetiza lo que fue la represión desatada en Mallorca a causa de la Guerra Civil.
