El proyecto de Ley general de la Comunicación Audiovisual ha superado su primer trámite parlamentario tras el rechazo en el pleno del Congreso de las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC-IU-ICV y el PP.
Las enmiendas han sido rechazadas con 176 votos en contra, mientras que ha habido 10 abstenciones y 149 a favor.
En su intervención al inicio del debate, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha opinado que se trata de "una buena ley; garantista, moderna, necesaria, equilibrada y liberalizadora" y, aunque ha reconocido que todo es mejorable, ha asegurado que es "un buen punto de partida".
De la Vega ha insistido en el "absoluto espíritu de consenso" que ha presidido la elaboración del proyecto, extremo que han negado algunos grupos como el PP y el PNV por poca de Miguel Ángel Cortés y Pedro Azpiazu, respectivamente.
"No ha habido ninguna conversación con la oposición", ha indicado Cortés, quien ha revelado que a su partido le han llegado 600 enmiendas a la ley procedentes de unas 40 asociaciones. "No ha habido diálogo ni siquiera con el ministro de Industria", ha dicho el diputado popular.
El texto, ha apuntado, reconoce el derecho a poseer participaciones significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación televisiva, pero limita ese derecho si en el momento de la fusión o compra se acumula más del 27 por ciento de la audiencia.
Además, un solo titular no podrá tener participaciones significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación televisiva que acumulen más de dos múltiplex -ocho canales- y, en toda caso ha indicado, se garantiza un mínimo de tres operadores privados estatales.
A su vez, Fernández de la Vega ha explicado que la ley regula las fórmulas de televisión de pago o acceso condicional como un derecho de los titulares de las licencias de TDT y limita el pago al 50 por ciento de los canales concedidos a cada licencia.
De la Vega también se ha referido al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que, ha dicho, "no solapa las atribuciones de los consejos de ámbito autonómico" y cuyos miembros serán elegidos por el Parlamento mediante mayoría cualificada de dos tercios del Congreso.
La creación del CEMA había creado ciertas suspicacias entre algunos grupos parlamentarios como el PP, PNV y CiU, que ven en él un instrumento del Gobierno para controlar los medios de comunicación y que temen que invada las competencias de algunos consejos autonómicos ya existentes.
En este sentido, el diputado del PP ha señalado que el consejo será un instrumento "para vigilar a los medios de comunicación, cerrar licencias y que actuará de forma arbitraria".
Por último, la vicepresidenta primera del Gobierno también ha recordado que los estados son los que definen el modelo de financiación del servicio público de radio y televisión, pero es la Comisión Europea la que debe determinar si las ayudas estatales para esa financiación son compatibles o no con el Tratado de la Unión.
En su defensa del proyecto de Ley de la Comunicación Audiovisual, Fernández de la Vega ha recordado que el título IV de la ley versa sobre la financiación de los medios públicos y ha aseverado que, además, la financiación de las televisiones públicas de ámbito público corresponde a cada comunidad autónoma en el marco de la normativa europea.
Las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno se producen un día después de que la Comisión Europea (CE) decidiera abrir una investigación en profundidad contra el nuevo sistema fiscal de financiación establecido para RTVE.
