Este miércoles el Parlamento Europeo ha respaldado el impulso del reciclaje y limitación del uso de vertederos en los países que conforman la Unión Europea. Las cuatro propuestas legislativas aprobadas por la Cámara buscan que Bruselas avance hacia una economía circular en la que los productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. Con ese objetivo, para 2025, al menos el 55% de los residuos municipales (procedentes de hogares y empresas) tendrán que reciclarse. El objetivo aumentará al 60% en 2030 y al 65 % en 2035. Además, el 65% de los materiales de embalaje deberán reciclarse antes de 2025 y el 70% antes de 2030. Se establecen objetivos separados para materiales de embalaje específicos, como papel y cartón, plásticos, vidrio, metal y madera.
España está todavía lejos de esos objetivos. Con 443 kilos de residuos por persona y año, sólo el 29,7% es reciclado. El grueso de los desechos (56,7%) acaba en vertederos, mientras que el 13,6% se incinera (datos de Eurostat, correspondientes a 2016). En Mallorca la situación es más desoladora. Durante el año 2017 solamente se recicló el 15% de los residuos recogidos (papel y cartón, envases ligeros, vidrio, orgánica y fracción resto), según datos del Consell de Mallorca. El resto, el 85%, terminó en la planta de valorización energética de Son Reus.
Los vertederos se convertirán en la excepción
El proyecto aprobado también limita la proporción de residuos municipales que pueden llevarse a los vertederos a un máximo del 10% en 2035. España está en el grupo de países donde más de la mitad de los desechos tiene como destino los vertederos, aunque lejos de Malta (92%), Grecia (82%), Chipre (81%), Rumanía (80%) y Croacia (78,4%). En el otro extremo, Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca y Alemania prácticamente no usan vertederos para estos residuos.
En este caso, Mallorca es una excepción a la tónica española. Desde hace ocho años, todos los residuos generados en la isla o bien se reciclan o bien se incineran. La existencia de un vertedero de seguridad es para usos de excepcional urgencia y no como medida de tratamiento habitual.
Otra de las novedades refrendadas por el Parlamento Europeo se refiere a los textiles y los residuos peligrosos de los hogares. Así, se establece la obligación de recogerse de manera selectiva antes de 2025. Para el año 2024, los desechos biodegradables también tendrán que ser recogidos por separado o reciclarse en casa mediante compostaje.
En línea con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los Estados miembros deberán aspirar a reducir el desperdicio de alimentos un 30% para 2025 y a la mitad en 2030. Para reducir la cantidad de comida que acaba en la basura, los países tendrán que ofrecer incentivos para la recogida de alimentos no vendidos y para su redistribución en condiciones seguras. Además, se apunta a la necesidad que los consumidores sean más conscientes del significado de las fechas "de caducidad" y "consumo preferente" incluidas en las etiquetas.
"Con esta legislación, Europa demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible, mediante la integración de las políticas industriales y la protección medioambiental", dijo Simona Bonafé (S&D, Italia), europarlamentaria y responsable de la tramitación parlamentaria del grueso del paquete legislativo.
Y es que el objetivo de la economía circular es reducir al mínimo los residuos, apostando por la reutilización, reparación, renovación y reciclaje de materiales y productos existentes. Avanzar hacia una economía más circular reducirá la presión sobre el medio ambiente, aumentará la seguridad del suministro de materias primas, impulsará la competitividad, la innovación y el crecimiento, y creará puestos de trabajo. "La economía circular no se centra únicamente en la gestión de residuos, también es una manera de recuperar materiales y no poner aún más presión en los ya escasos recursos del planeta", explica Bonafé.
El texto será ahora remitido al Consejo para su aprobación formal antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Emisiones al transporte
El acuerdo sobre la economía circular se ha unido a la aprobación de dos proyectos legislativos este martes, en el pleno del Parlamento Europeo, sobre la reducción del 30% en 2030 en cuanto a las emisiones del transporte, la agricultura, los edificios y los residuos. Además, el CO2 emitido deberá ser compensado por lo absorbido por suelos y bosques.
"Las cifras para el conjunto de la UE se traducirán en objetivos vinculantes a nivel nacional para los sectores no cubiertos por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión: la agricultura, el transporte, la construcción y los residuos. Estos sectores son responsables de alrededor del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión", explican fuentes parlamentarias.
En el caso de España, se deberá rebajar sus emisiones de los citados sectores el 26%. Los objetivos nacionales oscilan entre el mantenimiento exigido a Bulgaria y la reducción del 40% que deben lograr Suecia y Luxemburgo. A nivel balear se está trabajando en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que pretende, entre otros aspectos, dar cumplimiento con los Acuerdos de París.
"Hemos hecho lo posible para acordar un reglamento ambicioso, pese a los intentos de muchos gobiernos para socavar ese objetivo", dijo Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holanda) ponente de la legislación y europarlamentario. "Los países deben hacer más, y más rápido. No se puede posponer la respuesta al cambio climático", añade.
Además, la Cámara también ha dado su visto bueno a una nueva ley centrada en reducir las emisiones de gas de efecto invernadero procedentes de la gestión de suelos y bosques y aumentar el volumen de CO2 absorbido por la masa forestal para hacer frente al cambio climático. En la actualidad, los bosques de la UE absorben anualmente el equivalente a casi el 10% del total de las emisiones contaminantes de la Unión.
Los Estados miembros tendrán que garantizar que la deforestación se verá compensada con la plantación de árboles. Además, el texto incluye medidas para desarrollar el sector e impulsar la absorción de emisiones por parte de bosques, tierras de cultivo y pastizales. Los eurodiputados reforzaron la norma estableciendo que a partir de 2030 la capacidad de absorción de emisiones deberá superar el volumen de CO2 emitido a la atmósfera, en línea con los objetivos a largo plazo de París. La legislación sobre el texto del uso del suelo salió adelante con 574 votos a favor frente a 79 en contra y 32 abstenciones.
La nueva legislación obliga a los Estados miembros a desarrollar estrategias nacionales a largo plazo para la renovación de edificios tanto públicos como privados, con el objetivo de recortar su volumen de emisiones contaminantes entre un 80% y 85% en relación al nivel de 1990. El texto salió adelante con 546 votos favorables, 35 en contra y 96 abstenciones. Los planes nacionales para un parque inmobiliario "descarbonizado" en 2050 deberán incluir objetivos orientativos para 2030 y 2040. Harán falta indicadores de progreso cuantificable para verificar el cumplimiento de las estrategias nacionales.
Apoyo a la movilidad eléctrica
La directiva introduce disposiciones para fomentar la movilidad eléctrica en los edificios nuevos y los que son objeto de renovación, como la ubicación de al menos un punto de recarga en inmuebles con más de diez plazas de aparcamiento y la instalación de cableado para la recarga.
También está prevista la creación de una herramienta, denominada "indicador de inteligencia", para medir la capacidad de los edificios para mejorar su funcionamiento y su interacción con el sistema en función de las necesidades de sus ocupantes, reduciendo así el uso de energía. La Comisión Europea deberá desarrollar esta idea antes del final de 2019.
Los edificios nuevos y los renovados en los que se sustituyan los sistemas de calefacción, deberán contar con dispositivos automáticos para regular la temperatura. Se endurecen también las normas sobre inspección de los sistemas de calefacción y refrigeración.
