1812-1814. El primer ayuntamiento constitucional de Palma

El historiador Eduardo Pascual, profesor de la UIB y especialista en los siglos XVIII e inicios del XIX, ha llevado a cabo un estudio sobre lo sucedido y una de las consecuencias más sobresalientes de la aprobación de la Constitución de Cádiz: la creación del primer ayuntamiento constitucional de Palma, que define como "proyecto inconcluso", dado que solo tuvo una vigencia de dos años, hasta 1814, dado que Fernando VII, el rey perjuro y felón, unánimente considerado "el peor de los Borbones", restauró el absolutismo hasta que en 1821 el pronunciamiento liberal de Riego le obligó a jurar nuevamente la Constitución para dos años después, en 1823, de la mano del ejército francés de los cien mil hijos de San Luis, reinstaurar el absolutismo hasta su muerte, una década más tarde. Es el período conocido en la Historia de España como la década ominosa.Modelo agotado

El profesor Pascual precisa que el modelo municipal absolutista estaba agotado en la última década del reinado de Carlos IV, padre de Fernando VII, pese a las reformas modernizadoras introducidas por Carlos III. La oligarquía palmesana se había desinteresado de la gestión municipal centrándose en la de sus propiedades, mucho más productiva. La desidia de los regidores (concejales), la ausencia de sesiones plenarias y las peticiones para ser eximidos de sus obligaciones eran una constante al iniciarse la denominada Guerra de la Independencia, en la que España dispuso de la fundamental ayuda de Inglaterra.

Una de la mayores reformas institucionales contempladas en la Constitución de 1812 fue la del ámbito municipal, claramente rupturista con la situación anterior. En el período 1812-1814 fueron constituidos en Mallorca 48 ayuntamientos constitucionales. La Constitución reformó el sistema electivo y la composición del Consistorio de Palma. El nuevo Ayuntamiento contó con dos alcaldes y 16 concejales y dos procuradores. El sistema electivo, embrionario del sufragio universal actual, se estableció mediante el denominado régimen censitario. Los electores eran los propietarios de nacionalidad española mayores de 25 años, residentes con dos años de antigüedad y sin desempeñar cargos públicos de nombramiento real. Las mujeres estaban excluidas. Se tendría que aguardar a la Segunda República (1931-1939) para que accedieran al derecho al sufragio. El seis de octubre de 1812 se inició el proceso para elegir al nuevo Ayuntamiento de Palma mediante el sistema electivo indirecto de doble vuelta. El 11 de octubre fueron convocados los ciudadanos varones de Ciutat por primera vez a las urnas. El absolutismo dejaba paso a un incipiente modelo democrático de participación. Los electores fueron agrupados en las seis parroquias de Palma: San Nicolás, Santa Clara, San Miguel, San Jaime y La Almudaina. Correspondía a cada parroquias (distrito electoral) elegir a cuatro compromisarios que, a su vez, serían los encargados de elegir al alcalde. La de Santa Eulalia, al tener mayor población, eligió a cinco compromisarios.

El modelo era el de elección consistorial, una elección indirecta, similar a la que rige en el parlamentarismo moderno y en el municipal actual, donde son los diputados y concejales los que votan al presidente del Gobierno y al alcalde.

El 18 de octubre los compromisarios eligieron a dos alcaldes, 16 concejales y dos síndicos constitucionales. La ruptura con el viejo orden quedó plasmada en la negativa de los cargos electos a jurar sus cargos ante el gobernador borbónico, Sensevé. Lo hicieron ante el jefe político, máxima autoridad constitucional. El 31 de octubre, por la mañana, tomó posesión del cargo de jefe político Antonio Desbrull y Boil de Arenós, según la real orden fechada en Cádiz el cuatro de octubre. Por la tarde, juraron sus cargos los dos nuevos alcaldes. El alcalde mayor fue Nicolás Llabrés de Armengol y Ram de Viu, comendador de la Orden de San Juan, y el alcalde segundo, el abogado Gaspar Coll Salom. Los nombres de los primeros concejales constitucionales que tuvo Palma son los de Rafael Garcías, abogado; Miguel Fluxá, abogado; José Despuig y Fortuny, Juan Bibiloni, Gabriel Estada, Pedro Miguel Cardona, José Francisco Villalonga, Juan Alcover, Sebastián Ferrá, Valentín Terrers, doctor en Medicina; Pedro Onofre Ripoll, Simón Salom, Bartolomé Janer y Bartolomé Serra. Este último solicitó ser eximido por incompatibilidad con su cargo de secretario del denominado Secreto de la Inquisición, el tribunal de la Iglesia católica, que todavía tardaría dos décadas en ser definitivamente suprimido, a la muerte de Fernando VII y la llegada al gobierno de España de los liberales, llamados por la reina Isabel II, hija de Fernando.

La duración en el cargo era por un año y no se podía ser reelegido hasta haber transcurrido otros dos años. La mitad del Consistorio se renovaba cada dos años, lo que implicaba elegir a uno de los dos alcaldes, seis concejales y un síndico. El 17 de diciembre de 1813 los ciudadanos de Palma mayores de 25 años fueron convocados nuevamente a las urnas para escoger a los compromisarios. El primer día del año de 1814 juraron ante el nuevo jefe político, Guillermo Montis, los dos alcaldes, José Desbrull y Mariano Canals, y los concejales Felipe de Agüera, José Cotoner, Pedro Antonio Español, Juan Peretó de Vidal, Bartolomé Camps, Lorenzo Gibert, Miguel Oliver y Gabriel Sacares. Andrés Sard fue designado procurador general. El secretario de la Corporación lo fue, a lo largo de los dos escasos años que dura la experiencia constitucionalista, el notario Rafael Manera. El ayuntamiento de Palma contó con representación en las Cortes de 1812. El cargo recayó en el concejal y abogado Miguel Fluxá Alemany.

Burguesía emergente

Los apellidos de los concejales durante los dos años en los que prevaleció esa primera experiencia constitucionalista evidencia que la burguesía palmesana empezó a hacerse cargo de la gestión de la ciudad sustituyendo a una aristocracia anquilosada, los botifarres, que rápidamente perdía el poder e influencia de los que habían dispuesto tanto con los Austrias como con los Borbones. Las competencias municipales más relevantes continuaron siendo el abasto, aspectos sociales, que incluian sanidad, beneficencia y educación primaria y la fiscalidad, supervisadas por la inspección anual de la Diputación Provincial.

Uno de los aspectos más sobresalientes del nuevo Consistorio fue el de la contribución a la guerra contra los franceses y a la fiscalidad estatal. Mallorca y Ciutat contribuyeron destacadamente a financiar el coste de la guerra no solo con dinero, sino con donativos y con el confinamiento de los prisioneros franceses en Cabrera, donde, abandonados a su suerte, muchos perecieron de hambre. El historiador Lluis Roura cifra lacontribución a la guerra entre siete y diez millones de reales de la época. Una cantidad muy respetable.

Los trabajos del historiador Eduardo Pascual han permitido conocer lo acontecido en el primer consistorio democrático.

La vuelta al antiguo régimen, al absolutismo, se materializó cuando se firmó el Tratado de Valançay y la liberación de Fernando VII, que hasta entonces había sido retenido por Napoleón. El 4 de abril de 1814 fue oficiado un solemne Te Deum en la Catedral. El pleno del Ayuntamiento, informado de la liberación del monarca y de los infantes don Antonio y don Carlos (la reclamación del trono por parte de éste, a la muerte de Fernando, invocando la Ley Sálica, que vetaba el acceso de las mujeres al torno, desencadenó las tres guerras carlistas) y su llegada a Girona, envió una felicitación al monarca a Madrid en la que se decía: por cuya ausencia (la de Fernando) no han dexado de llorar por espacio de seis años. La ingenuidad de los concejales quedó patente al desconocer las intenciones del felón, también apodado el deseado, de no jurar la Constitución y retornar al absolutismo, lo que se inició a partir de la segundad mitad de mayo de 1814 con el desmantelamiento del sistema constitucional. El 21 de mayo se dio lectura en una sesión plenaria del Ayuntamiento de un comunicado del jefe político del cese de sus funciones en cumplimiento del real decreto del día cuatro por el que sus competencias eran asumidas por la autoridad militar.

Palma se transmutó rápidamente en el mayor núcleo anticonstitucional de Mallorca dirigido por los sectores más reaccionarios de la población, entre ellos buena parte de la nobleza y la Iglesia católica. Hubo numerosos disturbios encabezados por militares y autoridades depuestas en el corto período constitucional.La lápida

Turbas de manifestantes, apoyados por oficiales del Ejército y el respaldo del gobernador Reding, decidió quitar la lápida del Borne, denominada Plaza de la Constitución, rebautizándola como Plaza de Fernando VII. Los absolutistas se dirigieron a la casa del depuesto jefe político procediendo a la destrucción de la lápida y la quema de un ejemplar de la Constitución. Los liberales padecieron numerosas vejaciones, al tiempo que el Ayuntamiento designó a un grupo de sacerdotes para registar librerías, en las que se procedió a la quema de ejemplares de la Constitución, catecismos constitucionales y períodicos liberales, caso de La Aurora. Un bando del 22 de mayo, de acuerdo con la real orden, estableció el fin de la libertad de imprenta y de fijar pasquines. El retorno al absolutismo culminó con el restablecimiento del tribunal de la Inquisición. Los jurados, tras regresar del Te Deum oficiado en la catedral y presidido por el comandante general Antonio de Gregorio, juraron fidelidad la monarca. La involución se había culminado.

Pero la lápida no cayó en el olvido: el pronunciamiento liberal de Riego, en 1821, hizo que una copia de la inicial fuera colocada nuevamente en el Borne, en la fachada contraria a la del Palau Solleric. Allí permaneció intocada hasta que tras el golpe de Estado de los militares de julio de 1936 y la posterior Guerra Civil, las autoriades franquistas rebautizaron el Borne con los atributos de Franco: avenida del Generalísimo, utilizando la lápida para loar al caudillo. Tras la dictadura, el Borne volvió a ser el Borne de la mano del alcalde Aguiló y de la lápida fue convenientemente eliminada la leyenda fascista. Hoy puede verse, sin ninguna inscripción y sin que se sepa que fue colocada para realzar la aprobación de la primera Constitución liberal que tuvo España, la de 1812, la Pepa.

El nuevo Consistorio absolutista de Palma celebró sesión plenaria el 20 de agosto de 1814 presidido por el regidor decano y corregidor interino, Pedro Gual y Suelves, 11 concejales borbónicos, los dos diputados del común y los dos síndicos forenses, todos ellos apartados de sus cargos en 1808. El poder retornó a manos de los botifarres y la oligarquía de Ciutat. Eduardo Pascual señala que "hubo que esperar a la década central del siglo XIX para ver consolidado el régimen municipal propuesto en la Constitución de Cádiz". Desde entonces los consistorios de Palma fueron más o menos democráticos, salvo en la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1929) y la del general Franco. El primer Consistorio democrático moderno surgió de las elecciones municipales de abril de 1979, tras la aprobación de la Constitución, siendo elegido alcalde Ramón Aguiló, que contaba con 29 años.