En un artículo anterior hablamos de dos de las tres partidas en las que se divide la factura eléctrica. Nos queda hablar de la tercera partida: los costes regulados.
En las facturas habituales, con respecto a los costes regulados, aparece un desglose de tres apartados: 1) Incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos, 2) coste de redes de transporte y distribución y 3) otros costes regulados.
Los importes que figuran en cada una de las tres partidas de costes regulados de las facturas son el resultado de aplicar unos porcentajes que vienen fijados en una orden ministerial, y que son el resultado de complejos cálculos previos.
Los valores de los incentivos a las renovables, cogeneración y residuos corresponden a subvenciones que se establecieron para fomentar la producción de energía eléctrica limpia y no dependiente del sector exterior. Podemos cuestionar esos incentivos y que estuvieran adecuadamente calculados en su día. Porque estamos hablando de unos 8.000 millones de euros anuales, lo que supone más de un 15 % de la tarifa total, impuestos incluidos.
No obstante, tengamos en cuenta que la factura que pagamos al exterior por compra de combustibles fósiles, básicamente petróleo, pero también gas, supera los 35.000 millones de euros anuales, y las renovables que se han instalado permiten ir reduciendo esta factura, a la vez que nos hacen menos dependientes. Por otra parte, también permiten reducir las emisiones de forma notable, y han contribuido a generar una demanda que ha permitido reducir de forma drástica el coste de producción de la energía mediante estos sistemas. Por tanto, esos 8.000 millones anuales, con tendencia a la baja año a año, han tenido también consecuencias positivas de largo alcance.
En el coste de las redes de transporte y distribución nos encontramos con las inversiones y explotación y mantenimiento de Red Eléctrica, empresa semiestatal y que actúa en régimen de monopolio, y las empresas distribuidoras que hacen llegar la energía a nuestros hogares. Son las autopistas y carreteras por donde circula la energía eléctrica. Es una partida muy importante, de más de 6.000 millones anuales. No obstante, llama la atención que estos costes van creciendo año a año, suponiendo un peso cada vez mayor, sin que esté muy claro el porqué, excepto por la política de dividendos de Red Eléctrica, que también va creciendo€ Por tanto, sería de interés introducir algún factor corrector a ese crecimiento permanente, protegido por la Administración para retribuir suculentamente a los accionistas de Red Eléctrica, grandes empresas además del propio Estado.
Siguen en importancia los costes del déficit de tarifa, que en nuestra factura están englobados en "otros costes". El déficit de tarifa es la diferencia que se ha ido acumulando a lo largo de los años entre lo que supuestamente deberían cobrar las eléctricas y lo que realmente han cobrado. ¿Y por qué hay déficit? Las tarifas anuales que cobran las eléctricas se forman en parte por previsiones de costes y de consumo. Si estas previsiones no se cumplen, aparece una diferencia. Ahora bien, lo normal sería que unos años las diferencias fueran positivas y otros años, negativas y tendiera a compensarse unos con otros. Pero en nuestro país casi nada es normal, y resulta que la diferencia es siempre negativa, y se va acumulando, para no incidir todavía más en las tarifas. A ello hay que añadir costes antiguos que no fueron repercutidos en su momento.
Esa partida de déficit, superior a 2.000 millones de euros anuales, es la que se pide con insistencia su auditoría independiente, porque se ha dado por válido siempre el valor establecido por las eléctricas y el Estado, sin entrar a analizarlo de forma independiente.
Además de lo anterior, en "otros costes" hay una serie de partidas de menor importancia en términos comparativos, pero de un valor absoluto importante, y que, a nuestro modo de ver, en las circunstancias actuales deberían desaparecer.
Se pagan decenas de millones a las centrales de carbón y gas por el mero hecho de estar, aunque no generen, cuando hay muchas centrales que no han funcionado una sola hora desde hace años, ya que hay un gran exceso de capacidad instalada.
La gran industria consumidora también percibe ingresos de varios cientos de millones de euros por la llamada prima de interrumpibilidad, que retribuye el compromiso de esas empresas en reducir consumos en momentos de gran demanda para garantizar el suministro. Una vez más recordamos el exceso de capacidad que hace que desde hace bastantes años no se haya recurrido en ningún momento a ejecutar realmente ese compromiso, mientras se sigue cobrando religiosamente.
También están incluidos en estos costes los extrapeninsulares derivados del sobrecoste de producción en Balears, Canarias, Ceuta y Melilla, que se reparte entre todos los abonados del Estado y las primas al carbón; otra partida que es muy discutible, ya que en los países más avanzados lo que se hace simplemente es cerrar las centrales de carbón por su impacto, y punto.
Visto todo lo anterior, y sin pretender banalizar un sistema complejo y costoso, nos parece justificado que la sociedad esté perpleja ante esta letanía de partidas y datos muy difíciles de entender y menos de justificar en una economía moderna.
El hecho cierto es que cuando se planteó la pseudoliberalización del mercado, no se valoró un escenario como el actual. Porque el mercado de la electricidad no es realmente un mercado competitivo, en el que no caben poderes dominantes y todo se fija por la libre evolución de la oferta y la demanda. Es, por el contrario, un entorno con elevadas barreras de entrada, con pocos competidores con mucho poder cada uno de ellos y con un bien, la energía eléctrica, que ha trascendido más allá de la economía, para convertirse en un bien social a la vez que económico, imprescindible para todas las personas.
*Ingeniero industrial
