No hay peor dolor que el silencio. Y peor silencio que el motivado por el miedo. Es la conclusión a la que se llega al leer el informe En terreno peligroso publicado recientemente por Global Witness. Esta organización, radicada en Reino Unido, investiga los conflictos y la corrupción vinculados con los recursos naturales, abusos ambientales y de derechos humanos.
Y es que el que el medio ambiente se está convirtiendo en un nuevo campo para defender los derechos humanos. Madera, minerales, metales o especies animales conforman un terreno abonado para la batalla de lo más básico. Actualmente, la continua demanda de materias primas por parte de diferentes países consumidores fomenta la connivencia entre gobiernos, empresas y grupos criminales en la explotación de los recursos. "Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo", asegura el estudio.
Las cifras horrorizan. Según la organización, en 2015 se registraron 185 asesinatos en 16 países lo que supone un aumento del 59 % respecto a 2014. La cifra anual más alta hasta la fecha. Y es que durante el año pasado murieron asesinadas más de tres personas por semana, lo que representa más del doble del número de periodistas asesinados durante el mismo periodo, según el Comité para la Protección del Periodista. Los países más afectados fueron Brasil con 50 asesinatos, Filipinas con 33 y Colombia con 26. La minería fue el sector que más relacionado estuvo con los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente con 42 casos en 2015. La agroindustria, las presas hidroeléctricas y la tala también se encontraron entre las principales causas de la violencia.
"Muchos de los casos de asesinatos que conocemos ocurrieron en aldeas remotas o en el corazón de selvas tropicales, con lo que es probable que el número de víctimas mortales real sea mucho mayor", detalla el estudio. Y es que por cada asesinato que se puede documentar, hay otros que no pueden verificarse o que no se denuncian, al igual que, por cada vida que se pierde, muchas más quedan arruinadas por la violencia, las amenazas y la intimidación constantes.
El informe pone negro sobre blanco de la inmensa vulnerabilidad de los pueblos indígenas, cuyos vacuos derechos sobre la tierra y aislamiento geográfico los exponen particularmente al acaparamiento de tierras para la explotación de recursos naturales. Y es que casi un 40 % de las víctimas de 2015 fueron indígenas. Es el caso del padre y el abuelo de la activista filipina Michelle Campos que fueron ejecutados por defender su tierra frente a la minería. Un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares. Mindanao, la región que habitaban, rica en recursos naturales, es una de las más peligrosas del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente con 25 muertes solo en 2015. "A pesar de que múltiples testigos identificaran a los asesinos de los indígenas lumad, nunca se les ha llevado ante la justicia", asegura el estudio
En 2015 también se observó, según apuntan diversas fuentes, un nivel de violencia sin precedentes en los estados amazónicos de Brasil donde las haciendas y plantaciones agrícolas o las bandas de madereros ilegales están invadiendo las comunidades. La selva tropical está dando paso a miles de campamentos de tala ilegal, según asegura la cadena británica BBC, mientras que la frontera agrícola está adentrándose en reservas indígenas que estaban intactas. Se calcula que el 80 % de la madera de Brasil es ilegal y que representa un 25 % de los mercados mundiales. Una gran parte de ella se vende posteriormente a compradores de Estados Unidos, Europa y China. Así de contundente se muestra Chatam House, el instituto de asuntos internacionales radicado en Reino Unido.
Una situación que solo se comprende por la connivencia, convivencia y conveniencia existente entre el Estado y los intereses corporativos que protegen a muchos de los responsables de los asesinatos. "De entre los casos bien documentados, encontramos 16 relacionados con grupos paramilitares, 13 con el ejército, 11 con la policía y 11 con guardas de seguridad privados, lo que implica claramente que el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos", detalla el informe. A ello se le suma, según explican, los exiguos indicios que demostraran que las autoridades investigaran exhaustivamente los delitos o adoptasen medidas para hacer que los autores respondieran ante la justicia.
Lejos de reducirse, se ha detectado un incremento de la criminalización de los activistas, cada vez mayor, especialmente en los países africanos. La concienciación internacional de esta crisis creciente es cada vez mayor y muchas ONG y expertos en derechos humanos exigen medidas urgentes. "El patrón de los asesinatos en muchos países está convirtiéndose en una epidemia", explicó Victoria Tauli-Corpuz, experta de las Naciones Unidas, comento durante una visita a Brasil en marzo de 2016.
¿Quién está en riesgo?
A diferencia de lo que podría parecer, la mayoría es gente corriente. "Generalmente son personas que viven en bosques remotos o aldeas de montaña, que es posible que ni siquiera sepan que se las considera defensores de la tierra y el medio ambiente", explican desde la organización. A este grupo se le añade otro, de mayor poder de influencia, donde se encuentran ser periodistas, activistas o abogados que se han comprometido a arrojar luz sobre la destrucción del medio ambiente. Algunos son líderes indígenas que defienden sus tierras tradicionales frente a proyectos mineros o de construcción de presas. Mientras que otros son guardas de parques forestales que combaten la tala ilegal y la deforestación para conservar los bosques.
Sean de un grupo o de otro, tienen un mínimo común múltiplo: se enfrentan a intereses políticos y empresariales que actúan para robarles sus tierras y recursos naturales. Estos intereses usan su influencia para marginar a los defensores y volver a la opinión publica en su contra, al tildar sus acciones de contrarias al desarrollo. Muchos defensores y sus familias padecen amenazas de muerte, intimidación y acoso pero reciben una escasa o nula protección de las autoridades. Los derechos que defienden están reconocidos como derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano o los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales.
