Estamos inmersos en un proceso nunca visto de deterioro creciente de los bienes e instalaciones públicas por falta de inversión e interés real por ello. Nos remitimos a los hechos y no a las palabras grandilocuentes que un día sí y el otro también podemos escuchar o leer.
La aguda crisis económica que estamos padeciendo desde hace nueve años, agravada, más si cabe en nuestra comunidad por una situación de las arcas públicas crítica, combinado con una rotunda falta de visión estratégica, ha motivado que se invierta anualmente una cantidad irrisoria frente a las necesidades reales de inversión pública. Así, las instalaciones del servicio de agua, del saneamiento, de residuos y de otros muchos elementos de la infraestructura pública necesaria para un correcto servicio están padeciendo un deterioro en muchos casos irreversible.
Realmente estamos ante una situación muy grave que requiere medidas inmediatas a medio y largo plazo para revertirla. Y la primera de ellas sería asumirla, ser consciente de ello y actuar en consecuencia. Nuestra economía, basada en el turismo y buscando atraer a clientes con mayor poder adquisitivo, no se puede permitir esta penuria. Nuestro medio ambiente, tampoco.
Porque hemos regulado y estamos regulando mediante leyes las repercusiones que tienen los proyectos en general, sobre el medio ambiente. Todo promotor, público o privado, debe superar un largo y complejo proceso de evaluación ambiental del proyecto que exige medidas correctoras muy severas para obtener la autorización, necesaria para poder materializar el proyecto. Sin embargo, estamos impasibles ante el paso del tiempo sobre las infraestructuras ya construidas, crecientemente obsoletas, o ante su ausencia. Y esto también genera impacto ambiental. Es el impacto ambiental de lo que parafraseando una conocida escuela de negocios se entiende por "la inacción por el análisis".
Esa pasividad supone, por ejemplo, no haber ejecutado gran parte de las depuradoras de aguas residuales necesarias para cumplir con la normativa vigente y, por tanto, haber contaminado terrenos, mares y acuíferos de forma continuada e intensa en el tiempo. Supone mantener instalaciones caducas, en malas condiciones, con el consiguiente riesgo o certeza de contaminación de los acuíferos, de emisiones altamente contaminantes y de muchos otros impactos ambientales. Supone que en muchos municipios se consuma agua que no cumple la normativa de agua potable, con el consiguiente riesgo para la salud de las personas y afección a los acuíferos por sobreexplotación.
¿Qué coste e impacto tiene todo esto para el conjunto de la población? Esa valoración, compleja y difícil para el alcance de este artículo es, en todo caso, muy elevada.
La Administración no puede demorar más las medidas en forma de nuevas inversiones o remodelaciones importantes. Para ello, debe recurrir a todos los medios a su alcance. Entre ellos, la colaboración público privada mediante concesiones de obra o servicio público u otras figuras similares recogidas en la vigente normativa de contratación pública. No puede renunciar a proyectos necesarios por no aprovechar todas las posibilidades de materialización de proyectos, que como hemos dicho, son muy urgentes.
Si la sociedad necesita disponer, por una parte, de unos servicios e infraestructuras de los que no dispone por falta de financiación o capacidad de ejecución pública, y por otra parte existen empresas privadas que disponen de esa financiación y de la capacidad y conocimientos para materializar las infraestructuras necesarias y su gestión, ¿por qué no asociarse para ello? Es lo que se llama en lenguaje moderno un win-win. Todos ganan. Lo que debemos exigir, en todo caso, es que los beneficios obtenidos por las empresas sean razonables en base a la inversión requerida y a la capacidad de gestión necesaria.
De entrada, esta modalidad de contratación no debe verse como una fórmula de ahorro de coste o de esfuerzos. Este es uno de los errores fundamentales que comete en muchos casos la Administración. Si está bien planteado, no debe suponer un coste mayor que el mismo proyecto llevado a cabo directamente por la Administración. Y ésta dispone de medios y poder para que sea así efectivamente.
En todo caso, es preciso aprovechar todas las opciones disponibles para satisfacer las necesidades a un coste razonable. Para ello, es fundamental para la Administración primero darse cuenta de ello, tomar decisiones en consecuencia y disponer de equipos que trabajen en la gestión de los proyectos con visión global, que entiendan no solamente de procedimientos administrativos y contratación pública, sino de economía de la empresa en general, de la actividad concreta en la que se desarrolla el contrato. Que defendiendo los intereses públicos, sean capaces de ponerse también en la situación de ver las cosas en su conjunto, con visión a largo plazo, y con mentalidad de colaboración entre socios que deben converger en sus legítimos intereses, más que el habitual antagonismo entre Administración y contratista.
Pero sobre todo y sea como sea, por favor, empiecen ya.
(*) Ingeniero industrial
