Un joven aceptó ayer en la Audiencia de Palma una pena de dos años de prisión por un delito de corrupción de menores por proponer tener sexo a un niño de 13 años a cambio de dinero en los baños de la estación intermodal de la ciudad a principios de septiembre de 2016.

El acusado, de 29 años, se declaró ayer autor responsable de un delito de corrupción de menores ante el tribunal de la sección primera. La sala dictó sentencia 'in voce' contra él. El sospechoso no entrará en la cárcel porque el tribunal le ha suspendido la condena por un periodo de tres años en el que no podrá volver a delinquir y con la condición de que se someta a un programa de educación sexual.

El joven también se conformó con la medida de cinco años de libertad vigilada. La fiscal y la defensa alcanzaron ayer por la mañana un acuerdo en la Audiencia de Palma.

El encausado, que se enfrentaba a una petición de condena de tres años de prisión, reconoció los hechos, que se remontan al pasado 2 de septiembre de 2016, sobre las ocho y media de la tarde, cuando el sospechoso observó a un menor de 13 años entrando en los baños de la estación intermodal de autobuses de Palma.

El acusado entró entonces en el váter colindante para, desde allí y por debajo del panel que separa los baños, pasar al niño su teléfono con su número escrito y entre el terminal y la mano un billete de cinco euros en una evidente propuesta de sexo por dinero, según el fiscal.

El adolescente no contestó a la solicitud, por lo que a los pocos segundos, el encausado nuevamente volvió a introducir por debajo del panel de separación de los baños la mano portando el teléfono con la frase '¿quieres entrar en mi baño?'. Y, otra vez, volvió a dejar un billete de cinco euros a la vista.

En ese momento, intervino una agente de seguridad de la estación intermodal de Palma que vio el pase del teléfono móvil a ras del suelo y decidió actuar de inmediato llamando a la Policía Nacional, según la tesis del ministerio público.

Una vez se ha declarado firme la sentencia, la abogada defensora ha pedido que se le suspendiera la condena a su representado al ser un delincuente primario y no exceder la pena de dos años. La fiscal no se ha opuesto durante un periodo de tres años y medio. La sala ha suspendido la pena durante tres años al carecer el joven de antecedentes y no tener que pagar indemnización.