La Audiencia de Palma ha iniciado hoy el juicio contra cinco hombres, dos de ellos empresarios, por presuntamente dedicarse a introducir y vender cocaína en la isla entre octubre de 2015 y el 21 de diciembre de ese año. Los sospechosos supuestamente utilizaban un camión con matrícula portuguesa para transportar los alijos desde Valencia a Palma.
Cuatro de los acusados se han acogido hoy a su derecho a no declarar ante el tribunal de la sección primera. Solo uno de ellos, un camionero, ha respondido a las preguntas de su abogado defensor para justificar que realizó varios viajes a Mallorca por asuntos de trabajo a lo largo de 2015.
La fiscalía solicita para cada uno de los sospechosos sendas penas de seis años de prisión y multa de 90.000 euros por un delito contra la salud pública.
El jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional ha recordado que interceptaron la cabeza tractora con matrícula portuguesa del camión a su llegada al puerto de Palma el pasado 21 de diciembre de 2015. La conducía el encausado más joven, de 37 años. En su interior, los agentes hallaron cerca de un kilo de cocaína, que fue intervenida.
Al día siguiente, 22 de diciembre de 2015, la Policía Nacional practicó un registro en el domicilio de uno de los acusados, de 70 años, en Cala Romàntica, en la zona costera de Manacor, y allí se incautó de un maletín con más de 15.000 euros. El dinero intervenido estaba repartido en 176 billetes de 50 euros y 337 de 20 euros, según la versión de la fiscalía.
El inspector policial ha apuntado que la droga que introducían los acusados en Mallorca iba destinada a los clanes de Son Banya. Según ha manifestado el investigador, los dos empresarios acusados no trataban con los clanes directamente, sino que contrataban a un camionero para traer la cocaína a la isla y utilizaban a un intermediario para tratar con los narcos del poblado. El policía ha detallado que, tras una vigilancia en Son Banya, localizó a un sospechoso saliendo del poblado con una mochila negra vacía. Según su versión, este hombre era el que ofrecía grandes cantidades de cocaína entre los clanes. Luego, este intermediario se reunió con los dos empresarios acusados en un edificio del polígono de Son Fuster, en Palma, donde tenían alquilada una oficina.
El caso ha quedado visto para sentencia hoy al mediodía. La fiscal ha mantenido los cargos contra los cinco encausados y ha solicitado sendas penas de seis años de cárcel. Mientras, los abogados defensores han reclamado la libre absolución de sus clientes. Al principio del juicio, han planteado como cuestión previa la nulidad de lo actuado por vulneración de dos derechos fundamentales, cuestión que la sala resolverá en la sentencia.
