Cinco personas fueron juzgadas ayer en Palma como presuntos miembros de una red dedicada a regularizar la situación legal en España de inmigrantes de manera fraudulenta. Según la fiscalía, que les imputa delitos de asociación ilícita y falsedad documental, falsificaron contratos laborales y declaraciones de la renta para solicitar permisos de residencia de hasta 38 extranjeros. El ministerio público reclamaba inicialmente entre dos y seis años de cárcel, pero ayer al concluir la vista rebajó esta petición.
La trama actuó entre los años 2009 y 2010, según la acusación. Los cabecillas ofrecían a inmigrantes africanos y sudamericanos la posibilidad de legalizar su estancia en España de forma irregular. Para ello, usaban documentos de terceras personas, en ocasiones a espaldas de estas, para elaborar contratos de trabajo como empleados de hogar pese a que jamás desempeñaron esta labor. Además, aportaban declaraciones de la renta de los supuestos contratadores también fraudulentas. Con esa treta, solicitaron permisos de residencia en Extranjería para un total de 38 personas.
Varios testigos explicaron ayer durante el juicio celebrado en un juzgado de Palma que perdieron la documentación o se la robaron y meses después acabaron detenidos por haberse utilizado su nombre para el fraude. El caso quedó visto para sentencia.
