La Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado el recurso de los padres de Nadia Nerea contra la medida de suspensión de la patria potestad acordada por el juez instructor del caso al considerar el tribunal que dicha suspensión es procedente para evitar "la instrumentalización" de la niña. La niña, nacida en Mallorca, fue presuntamente utilizada por sus progenitores para estafar un millón de euros con la excusa de pagar un tratamientos médico para una supuesta enfermedad rara que sufría.
Los padres residían con la pequeña en Organyà (Lleida) cuando, a finales del año pasado, estalló el caso al publicarse que los progenitores, presuntamente, utilizaban a la menor para conseguir donativos que no destinaban a su dolencia, tricotiodistrofia.
Los progenitores recurrieron la suspensión cautelar de la patria potestad por considerar la medida improcedente por hallarse la menor escolarizada, alimentada y atendida, en un ambiente familiar estructurado, con relaciones sociales, con asistencia sanitaria y sin sufrir abandono o perjuicio alguno.
Sin embargo, en conformidad con el Ministerio Fiscal, la Audiencia considera que la medida sí es ajustada a derecho y procedente debido a que fue adoptada con el fin de proteger a la menor.
"En el presente supuesto el juez ha valorado tanto la existencia de indicios delictivos como el riesgo objetivo para la víctima. Como resultado de la investigación policial se desprenden elementos indiciarios de la comisión de un delito de estafa por parte de los investigados, que se habrían estado lucrando partiendo de la enfermedad de su hija menor", señala el tribunal.
El auto explica, en este sentido, que para cometer la estafa, presuntamente, los progenitores de la niña "se sirvieron de una asociación para la tricotiodistrofia, a través de la cual han recaudado importantes sumas de dinero".
Fuentes cercanas al caso confirman que Fernando Blanco y Maragarita Garau habrían estafado más de un millón de euros y no los cerca de 600.000 que los Mossos fijaron inicialmente como cantidad "derrochada" por los progenitores de la menor, según publica el diario Segre.
La policía estableció con la investigación que acabó con la detención de los padres que, desde 2008, estos habían recaudado, a través de donativos, 918.000 euros, de los cuales gastaron unos 600.000 euros en otros fines que no fueron el tratamiento de la pequeña. Pero esta cantidad habría ido aumentando a medida que avanza la instrucción del caso.
