Las religiosas de Sant Jeroni no están conformes con la decisión que ha alcanzado el juez de Palma en el conflicto sobre a quién pertenece el convento de Santa Isabel. Y por este motivo, según anunció la abogada que les representa, Pilar Rosselló, además de manifestar el desacuerdo con la decisión del juez, han anunciado que se presentará un recurso contra esta sentencia. Por tanto, será un tribunal de la Audiencia el que finalmente determine cúal de las dos partes tiene razón en este conflicto que se ha producido en la iglesia de Mallorca.

El abogado del Obispado, Raimundo Zaforteza, denunció que las monjas pretendían vender este convento, como han hecho en otras provincias. También defendió que la intención de la Iglesia no ha sido nunca la de vender propiedades. Con el convento de Santa Isabel, una vez que las monjas de Jeroni se marcharon y se fueron a Inca, se intentó que fuera ocupado por otra congregación de religiosas. Sin embargo, no se consiguió, explicó el abogado.

En cambio, en el juicio que se celebró el pasado mes de diciembre, la abogada de las religiosas dedicó duras criticas al anterior obispo de Mallorca, Javier Salinas, al que acusó de haber engañado a las monjas y de haber inmatriculado el convento "con mala fe". Denunció el diferente trato que habían recibido estas monjas, por parte del obispo, con respecto a otras congregaciones religiosas, dado que tres de ellas sí habían podido inscribir a su nombre sus conventos, sin que la Diócesis de Mallorca se hubiera opuesto.

El juez Jaime Gibert señala en la sentencia que ambas partes se han acusado mutuamente de pretender lucrarse con la venta del monasterio de Palma. Sin embargo, entiende que se trata de una cuestión ajena a esta demanda y, por ello, ni siquiera se pronuncia. Tampoco cree que se debe valorar el modo en que se ha comportado cada parte enfrentada en su intento de inmatricular esta propiedad, que finalmente consiguió el Obispado. El magistrado deja muy claro que carece de trascendencia el proceder de ambas partes para determinar la validad o la nulidad de las certificaciones de propiedad.